Cooperativa Trelew: Debates en el laberinto

Las cooperativas de servicios públicos hace mucho tiempo, por causas internas y externas, se apartaron del cumplimiento de la mayoría de los preceptos de Henry Fayol, creador de las ciencias de administración, y avanzan dislocadas sobre el monopolio que las sostiene, porque no precisan ofrecer, ni demostrar nada, frente al usuario consumidor cautivo, que no tiene alternativas y así, sobrelleva la multitud de errores, ineficiencias, tarifas inciertas, administradores incompetentes y además, un poder concedente y organismos de control que con ambigüedad y poca efectividad, no los protege, no controla, no exige.

Por estos días Trelew, en un extraño desconcierto, de forma simultánea, recibe de la nueva conducción de la cooperativa, un plan de acción por etapas, y desde el Municipio un proyecto que busca la creación de un Fondo de Emergencia para la Cooperativa, acompañado de medidas excepcionales, de dudosa legalidad y aplicación. 

El Plan de acción por etapas del Consejo de Administración queda así, descolocado de inmediato por cuanto, el proyecto del municipio a instancias de lo que propone el Omresp, desborda, modifica y corrige varias cosas enunciadas por la novel conducción de la entidad. No se puede saber que pasó, que pasará, con este anverso y reverso inusitado, ya que, desde el Consejo de Administración, después de un nuevo diagnóstico que da pie al documento, pretenden acciones secuenciales bajo el título académico «Ordenar - Optimizar - Equilibrar - Invertir», en tanto, el proyecto de ordenanza municipal expone con diferente sintonía y pretendida planificación, con pocos puntos en común, con otros tiempos y objetivos, otra relación y otras medidas. 

Lo más sorprendente de este proyecto municipal, es que se basa principalmente en la creación inmediata de una nueva imposición, mostrando al final, una tabla o cuadro de «todos ponen» -como en aquel juego del trompito-, y alborota con obviedades que son parte de sus obligaciones como poder concedente y del organismo regulador, pretendiendo soslayar los impedimentos e ilegalidad, en la creación de este verdadero tributo para los usuarios, con el objeto de inyectar fondos a una empresa privada, obligándola a recaudarlos, según esta tabla fija y luego, coadministrar ese dinero, y otros disparates que resultan increíbles, contrariando entre otras normas legales, los estatutos y reglamentos de la cooperativa que, solo tiene derecho por contrato, a cobrar los servicios que distribuye, con lectura y mediciones precisas o cobro presunto, pero solo de los suministros prestados y consumos reales. Adonde queda, con todo esto, el contrato de concesión, donde quedan los marcos regulatorios y otras normas nacionales y provinciales con plena vigencia. 

Recientemente la cooperativa salió de un proceso de intervención judicial muy mal calificado, con resultados malos y magros. Este proyecto de ordenanza expresa textualmente: «Estas medidas responden a un criterio integral de intervención pública», o sea, apenas salimos de una y nos metemos en otra. La expresión, quizá revela la intención, y provoca la pregunta obligada: se plantea solo la coadministración, quedamos a un paso de la total intervención municipal, o tiramos la última bola de la noche. 

La conducción de la entidad, con voluntad no dudo, ha presentado este plan de propuestas y propósitos, para una empresa que están conociendo, con una situación muy grave, urgente, adversa, no tienen ni tendrán tiempo, con total insolvencia, sin capital de trabajo, cheques impagos, sin balances, deudas, cesación de pagos y otros desajustes que sacuden la cooperativa. Solo la expectativa puesta en un proyecto de ley de compensación de activos regulatorios, que no tendrá por ahora, tratamiento en senadores.

Aparte de algunos indicadores y números de ingresos y egresos y un déficit estimados, la descripción de la situación no es totalmente clara ni precisa, porque adolece de indicadores e información claves, por ejemplo, sobre la compra y distribución de energía, el índice de cobranza es cuestionable, porque no está acompañado del desgranamiento y la anticuación de partidas, un informe contable auditado de mora, falta el informe de las perdidas técnicas y no técnicas debidamente documentadas , valuadas, y varias cosas más. 

Por su lado, el Ejecutivo municipal presenta este proyecto de ordenanza que, al principio, según los considerandos de la exposición de motivos, parecería que quiere poner las cosas en su lugar, declama responsabilidad y revindica su potestad sobre los servicios, pero luego, termina de mala manera con planteos y objetivos que no tienen el debido sustento legal.

Queda en cambio, con el articulado que se presenta, este verdadero Frankenstein de ordenanza, donde mezclan todo, y de forma inaudita crean una administración extraña -espuria- para ambas partes, pretenden autorizar a firmar conjuntamente, cheques sobre esa recaudación, a un dependiente municipal y el tesorero de la cooperativa, pretenden establecer desde el municipio, la condonación de deudas de usuarios de la cooperativa, declaradas, conocidas o supuestas, y un sin fin de asuntos que van, desde inmiscuirse en temas de recursos humanos de la entidad, a los baches de la ciudad. Una mescolanza que no resiste ningún análisis. 

Que preocupante leer esto, en qué lugar quedan los consejeros elegidos y sus roles legales , particularmente la presidente, secretaria y el tesorero, que dirán para el acta de reunión, cuando deban tratar la aceptación -o no- de esta ordenanza, como podría contabilizar la cooperativa los movimientos de esas cobranzas que ingresan por sus cajas y luego, egresarían con cheques de una cuenta bancaria no propia, extraña a su giro, quien tendrá la última palabra sobre lo prescripto en el Art. 6to del proyecto de ordenanza y así, podríamos seguir haciendo preguntas sobre los otros artículos, que llevan a más dudas y más preguntas. 

En resumen, creo que tanto el plan de acción por etapas, como el proyecto de ordenanza, tienen pocas posibilidades si cada parte no cumple con sus obligaciones. Es más honesto un aumento tarifario de frente o, que el municipio, sosteniendo los motivos expuestos, se haga cargo directamente del servicio, de forma excepcional, sin tantos amagues, planes de papel, vueltas y confusas normas que son gato pardo.