Wisky confirmó que hay una denuncia por el faltante de fentanilo, pero que es de noviembre del año pasado

La causa se inició a partir de una presentación vinculada con la Unidad de Terapia Intensiva del hospital capitalino, donde se habría detectado el faltante de 213 ampollas de fentanilo y 20 de propofol. Según las actuaciones judiciales, la denuncia fue acompañada por documentación sobre presuntas irregularidades en el manejo de estos medicamentos.

El expediente tuvo un recorrido entre los fueros provincial y federal. En primera instancia, la Justicia provincial consideró que el faltante de fentanilo, por tratarse de una sustancia sometida a control y contemplada dentro de la legislación sobre estupefacientes, podía configurar un delito de competencia federal. Por ese motivo, la jueza Karina Breckle remitió las actuaciones a la Justicia Federal de Rawson.

Sin embargo, el fiscal federal Fernando Gélvez rechazó esa competencia y planteó que previamente debía realizarse una investigación preliminar para determinar qué había ocurrido y establecer la posible calificación de los hechos. Entre otras medidas, solicitó declaraciones, documentación del hospital y registros relacionados con el ingreso y egreso de medicación controlada. Las actuaciones fueron finalmente devueltas a la Justicia provincial.

Consultado por la situación, Wisky señaló que se trata de «un tema delicado» que corresponde a una denuncia realizada el año pasado. «Es el mismo caso (el que se habla ahora) que el año pasado y se sigue investigando, nosotros estamos esperando que la Justicia dictamine», afirmó.

El titular de Salud sostuvo además que desde el organismo provincial se respondió a los requerimientos judiciales y que actualmente no existe información nueva. «Todos los documentos que se requirieron están a disponibilidad de la Justicia, no ha ingresado nada nuevo ahora», indicó.

Wisky también puso énfasis en los mecanismos de control que utiliza el sistema sanitario para el seguimiento de este tipo de medicamentos. Explicó que existe un protocolo para las drogas derivadas de morfina y otros opiáceos, que incluye el registro de los pacientes a los que se les suministra y el control de las existencias.

«Para cada paciente se hace una receta, con nombre y apellido, DNI y eso va a farmacia que entrega», explicó. Según detalló, posteriormente se realiza un control para establecer cuántas unidades fueron utilizadas y cuántas permanecen en depósito.

El funcionario señaló que el seguimiento es particularmente estricto con el fentanilo debido a que se trata de una de las sustancias de mayor control. «Se hace un seguimiento muy estrecho de esto, son de las drogas peligrosas que están en la ley de opiáceos y morfínicos», sostuvo.

Respecto de la denuncia, Wisky remarcó que el Ministerio de Salud toma intervención ante cualquier alerta y que mantiene a disposición de la Justicia la documentación correspondiente. «Cada alerta que nos llega al sistema lo tomamos como algo verídico, lo investigamos», afirmó.

Al mismo tiempo, aclaró que hasta el momento no cuentan con elementos que permitan confirmar que haya existido una irregularidad en el manejo de los medicamentos. «Estamos dispuestos siempre a corregir los errores si llega a haber existido, pero hasta ahora no hay ningún dato que así lo diga», expresó.

Finalmente, Wisky aseguró que desde el Ministerio de Salud se revisó si existían otras denuncias relacionadas con el caso. «Esta es la única de noviembre del año pasado, estuvimos buscando nuevas denuncias, no hay ninguna denuncia», afirmó, y agregó que tampoco recibieron nuevos requerimientos judiciales.