La Defensoría pide "implementar políticas públicas" para la prevención del delito

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a la totalidad de integrantes de la comisión, a los fines de brindar aportes al proyecto de ley en discusión que se identifica con el N° 042/22, por medio de la cual se proponen modificaciones al Código Procesal Penal de nuestra Provincia.

Es importante recalcar que la opinión que se acompaña fue realizada por integrantes de la magistratura y el funcionariado de este Ministerio Público de la Defensa, en base a la experticia y participación diaria en los procesos penales en las distintas circunscripciones de la Provincia.

A ellos adicionamos que, si el objetivo de la reforma es disminuir los índices de inseguridad ciudadana tal como lo han manifestado la totalidad de los actores que impulsan el proyecto desde distintos ámbitos, será necesario implementar las políticas públicas fuertemente direccionadas a la prevención del delito.

En particular y tal como lo venimos planteando en forma sistemática, el fortalecimiento de las políticas públicas en materia de niñez y educación serán factores relevantes para lograr mejoras sostenibles.

En segundo lugar, un factor a tener en cuenta e invisibilizado está relacionado con los lugares de detención en nuestra provincia. Las reformas procesales que apuntan a endurecer la privación de libertad, ya sea preventiva o definitiva, se enfrentarán con la problemática situación carcelaria provincial. Una emergencia que viene siendo prorrogada por Decreto hace años y reconoce en sus considerandos que las “condiciones materiales como el recurso humano existente dificultan la posibilidad de albergar la totalidad de las plazas de alojamiento disponibles, en el marco de las condiciones establecidas por la Ley”. 
A ello se suma, de acuerdo a los relevamientos de cupo y ocupación efectiva realizadas por este Ministerio en materia en forma semanal, que al día de hoy no hay lugares disponibles para el alojamiento de personas. 

Completa este panorama que actualmente un 30% de las personas privadas de liberad permanece en Comisarías, circunstancia que también fue advertida en el Informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura del mes de Octubre del año 2021 producto de su visita a la provincia. En el mismo se recomienda al Poder Ejecutivo y Judicial un proyecto para el cierre definitivo de las comisarías como espacios de alojamiento permanente. Ello, a tenor de las dificultades que esta situación representa para el abordaje de los allí alojados, en línea con el fin constitucional de reinsertarlos en la sociedad.

Dotar de herramientas en materia educativa, formación de artes y oficios e inclusive formación profesional a las personas privadas de libertad en lugares adecuados para ello es un punto central a tener en cuenta en la discusión de la materia que se trata en el citado proyecto de ley.

Es por ello que, a los argumentos técnicos que  adjuntamos, necesariamente deben sumarse estos aspectos que no aparecen en el centro de discusión del proyecto pero resultarán fundamentales evaluar y poner en agenda pública a los fines de lograr respuestas eficaces en materia de seguridad pública.

Es por ello que se adjuntan como Anexo algunas consideraciones en relación al proyecto para que al momento de evaluarse las reformas a realizar se tengan en cuenta y se pueda elaborar una norma que luego no posea planteos que afecten su aplicación práctica.

Por último, debo manifestar que además de los defensores públicos, también en muchos casos la representación de las personas sometidas a proceso la efectúan abogados particulares, con lo cual sería importante recabar la opinión de los Colegios de Abogados, ya que dichos órganos nuclean a los letrados de la matrícula y pueden brindar también su valiosa y necesaria opinión. 

Sin otro particular, saludo a integrantes de la Comisión con atenta consideración.