Cesión de tierras al MTE: Un comodato que deja claroscuros y hace dudar de los fines de la obra pública

El Concejo Deliberante de Trelew aprobaría en la sesión de este jueves el convenio por el cual la Municipalidad cede en comodato tierras fiscales ubicadas al norte de la Laguna Chiquichano, a la asociación civil «Raíces Dignidad», que reporta al MTE liderado por Miguel Prudente, para la construcción de un predio ferial.
La decisión política, a pesar del firme rechazo y varias advertencias de la Cámara de Comercio, fue ratificada la semana pasada por el intendente Gerardo Merino, que respaldó a los cuatro concejales de su bloque para que sancionen el proyecto, junto con el apoyo de tres ediles de la oposición.
La cesión de las tierras, estipulada por cuatro años, requiere de una mayoría especial de siete votos. Dentro del oficialismo, la presidente del Concejo, Claudia Monají, adelantó que no está de acuerdo con ceder tierras y se va a abstener. El otro edil que no va a acompañar es el radical Rubén Cáceres, quien también se mostró en desacuerdo.
El convenio de cesión de las tierras, que el jueves aprobarán los siete ediles del oficialismo y de la oposición, presenta claroscuros jurídicos, según ventilaron fuentes letradas a EL CHUBUT sobre el último borrador trabajado.
En los fundamentos que acompañan el proyecto de ordenanza el Ejecutivo municipal, refiere que la cesión de tierras es «exclusivamente para realizar un predio ferial». El convenio, según especialistas, estaría en una delgada línea por la cual no resulta arriesgado preguntarse si no le estarían encomendando al beneficiario «la ejecución de una obra pública sin licitación».
En otras palabras, dijeron letrados, del acuerdo entre la Municipalidad y el firmante Miguel Prudente, se desprende que hay una «contraprestación» a cambio de la cesión en comodato de las tierras por cuatro años para levantar el predio ferial. En el ámbito jurídico esta figura se denomina «desviación de poder» y lamentablemente es un «vicio» muy común en la administración de los municipios de todo el país.
La «desviación de poder» implica una contradicción entre los fines del proyecto de cesión de tierras y la letra del contrato por cual se lleva a la práctica. Esto es una cuestión de debate en la administración pública. No es ninguna verdad categórica. Pero lo que sí está claro, es que esto es no fue discutido por los concejales en comisión.

ALGO MAS QUE UN COMODATO
Los municipios acostumbran a firmar comodatos de cesión de tierras con asociaciones civiles y entidades benéficas, que son revocables, temporales y con instalaciones desmontables. 
En este caso polémico, una opción válida sería cederles las tierras donde instalar sus carpas y, una vez vencido plazo, estas se levantarían y el terreno volvería al Municipio. Esta cesión de tierras, en cambio, supone que el MTE va a edificar dos naves y a cercar un predio. Esto se asemeja más a las condiciones que regulan a la obra pública, que a un comodato que es por definición transitorio y revocable.
El convenio establece que la Municipalidad le cede las tierras por cuatro años; para que esto suceda es condición que construyan al menos una de las edificaciones que tienen proyectadas. 
La edificación es la denominada «Nave A», de 875 m2 cubiertos, con un cercado perimetral de 380 metros lineales y un portal de acceso de 85 metros cubiertos. Allí cabrían 85 puestos de feriantes. La ejecución del proyecto de obra -el convenio es claro-, «estará a cargo del comodatario».
No hace falta ser un experto para darse cuenta que la construcción de semejante predio implica que el MTE va a ser «poseedor» de este inmueble por más que lo vaya a administrar junto con la Municipalidad, algo que también deja varios puntos oscuros.
Pero el proyecto de «Raíces Dignidad» es mucho más ambicioso. La obra total incluye «dos naves cubiertas con estructura de hormigón y metal de rápida ejecución, con núcleos sanitarios y depósito de guardado», dice el proyecto. Ambas naves tienen una capacidad de albergar 168 puestos. 
También, siguiendo con el proyecto, en el predio de 7.50 m2 harán un comedor, SUM, parrillas, baños, vivienda para el cuidador, enfermería y un sector administrativo. 

QUE PASA SI NO LO TERMINAN
El convenio deja a la Municipalidad a su suerte respecto de lo que pueda llegar a pasar con los vaivenes de la economía del país, muchas veces sujeta a variables que son impredecibles.
La cláusula sexta dice que, si «Raíces Dignidad» no pudiera realizar la obra o la dejara interrumpida por más de 120 días, la Municipalidad tomaría posesión del inmueble y quedaría rescindido el convenio, sin especificar qué pasaría con el «elefante blanco» sin terminar.
La disponibilidad de fondos para culminar la obra, es uno de los puntos que incluso Monají -que no acompañará- admitió que los llena de dudas.
El gobierno de Alberto Fernández, según consta en el expediente, antes de culminar el mandato le hizo dos depósitos de más de 460 millones de pesos y más de 173 millones del Fideicomiso del Fondo de Integración Socio Urbana. 
Estos fondos fueron acreditados en las cuentas de una cooperativa con domicilio en Buenos Aires, que respondería a Juan Grabois, aliado de la gestión anterior de Adrián Maderna, según ventilaron fuentes del Concejo.
Desde el vamos, el expediente estaba desierto y fueron los ediles quienes se preocuparon de dotarlo de una documentación mínima para que pueda ser considerado. Los ediles se encargaron de cerciorarse que los fondos estuvieran disponibles en alguna cuenta antes de avanzar con este proyecto.

¿DE QUIEN ES EL PREDIO FERIAL?
La administración del predio es otra de las ambigüedades que presenta el convenio que aprobarán los concejales. Desde el oficialismo dijeron que la administración va a ser compartida entre el Ejecutivo y el MTE.
Más de un centenar de manteros que no pertenecen al MTE ya expusieron sus dudas respecto de la viabilidad de este proyecto e incluso uno de ellos días atrás denunció «aprietes» de esta organización.
La cláusula 14ª del convenio dice que la Municipalidad se encargará de administrar y gestionar el predio. Aquí se supone que el Ejecutivo daría lugar a los feriantes habilitados. No obstante, la misma cláusula dice que el Municipio cederá al movimiento social el «derecho de administración» dentro de los 180 días una vez ratificado el convenio.
El movimiento de Miguel Prudente, según la letra del documento, elevará a la Secretaría de Producción, cuyo titular es Juan Pavón, informes semetrales sobre las actividades realizadas. Por lo tanto, queda abierto el interrogante respecto de qué pasará con aquellos feriantes que quieran instalarse en alguna de las naves y no pertenezcan a la organización.