Acusan a un condenado de presentar certificaciones truchas para reducir su pena

Este miércoles comenzó en Trelew un juicio oral contra J.C.M., un hombre que ya había sido condenado a cinco años de prisión y que ahora está acusado de haber presentado certificaciones presuntamente falsas para intentar reducir su pena mediante el denominado “estímulo educativo”.

El debate se desarrolla en la sala de la Oficina Judicial, ubicada en el tercer piso de los tribunales de Trelew. La acusación está a cargo del fiscal general Aldo Nizetich, en representación del Ministerio Público Fiscal.

Según la acusación, el 24 de abril de 2024 se inició una audiencia de cómputo de pena, dentro de un incidente de ejecución, con intervención del juez de Ejecución Gustavo Castro. En esa instancia, J.C.M., quien se encontraba presente en calidad de condenado, buscó que se redujera el tiempo de su condena por estímulo educativo, conforme al artículo 140 de la Ley de Ejecución Penal N° 24.660.

Para ello, y valiéndose de su abogado defensor, habría presentado distintas certificaciones a su nombre, pese a saber que se trataba de documentación falsa, según sostiene la Fiscalía. El objetivo habría sido obtener una reducción injustificada de 16 meses de su condena y perjudicar el normal funcionamiento del servicio de justicia.

Entre la documentación presentada figuraban certificados correspondientes a una Diplomatura en Educación Física, Deporte y Recreación, de 630 horas; una Diplomatura en Gestión y Organización de Eventos, también de 630 horas; un curso de Instalador Electricista Habilitado Categoría III, de 160 horas; y otro de Mecánica Básica del Automotor, todos atribuidos a la Universidad Nacional de Córdoba.

También habría presentado certificados de la Sociedad Argentina de Pediatría correspondientes a cursos sobre Prevención del Embarazo en la Adolescencia, de 150 horas; Prevención del Suicidio Adolescente, de 150 horas; y Prevención de Obesidad en Niños, Niñas y Adolescentes, también de 150 horas.

La presentación ante la Oficina Judicial

El Ministerio Público Fiscal sostiene que está acreditada la materialidad del hecho y que existen elementos suficientes para atribuirle la autoría a J.C.M.

En ese sentido, de las actuaciones incorporadas al expediente surge que el 27 de marzo de 2024, el abogado defensor particular Martín Castro presentó un escrito ante la Oficina Judicial de Trelew. Allí informó que su asistido había sido condenado a cinco años de prisión mediante una sentencia dictada en noviembre de 2022, la cual ya se encontraba firme y requería el correspondiente cómputo de pena.

Durante el proceso, la defensa intentó plantear como cuestión previa el rechazo de la calificación legal sostenida por la Fiscalía. Sin embargo, la jueza Mirta Moreno coincidió con el fiscal general en considerar extemporáneo el planteo, debido a que la audiencia preliminar de elevación a juicio ya se había realizado sin que se formulara ninguna observación al respecto.

Por ese motivo, el juicio oral continúa bajo la calificación de uso de documento público falso en carácter de autor. En caso de que J.C.M. sea declarado culpable, la Fiscalía solicitará una pena que no excederá los seis años de prisión, además de la correspondiente declaración de reincidencia.