Los fiscales pidieron 4 años de prisión para Chito Alarcón y una multa de $ 20 millones

Los fiscales del caso, Alex Williams y Omar Rodríguez, pidieron una pena de cuatro años de efectivo cumplimiento, además de una multa de 20 millones de pesos, la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de cuatro terrenos en Playa Unión, un edificio de dos plantas en el centro de Rawson y una casa en una zona residencial cercana al Río Chubut.
El querellante representante de la Oficina Anticorrupción coincidió en general con los fiscales pero, agravó el monto de la multa en «la mitad del costo de los bienes adquiridos». 
El resto de los querellantes -diputados denunciantes y Fiscalía de Estado- coincidieron en todo con los fiscales que investigaron el caso.

LOS AMIGOS DE ALARCON
Convocados por el defensor Fabián Gabalachis, declararon en el principio de la audiencia cuatro amigos de Alarcón, considerados testigos de concepto. 
El primero en declarar en favor de Alarcón fue su amigo Juan Trecani, dijo que es una excelente persona y que siempre mantuvo un perfil bajo, agregó que su vida fue austera y que en muchos casos lo vio sacar plata de su bolsillo para ayudar a la gente.
Marta Quintana consideró a Alarcón «una muy buena persona» y lo describió como una persona que «no es ostentosa y es austero». 
Desde Trevelin también declaró Lidia Díaz. Interrogada por el defensor Gabalachis, expresó que conoció a Alarcón desde el año 2002 y que juntos realizaban actividades políticas. Agregó que el imputado «ayudó a mucha gente» y que además «es un buen amigo. Coincidió con los otros testigos en que Alarcón siempre fue «una persona sencilla».
La última testigo de la defensa en declarar fue Sally Miguens, también testigo de la cesura de pena del defensor Gabalachis. Manifestó en favor del imputado y dijo que conoció a Alarcón haciendo política y que «es muy querido por la gente en los parajes y localidades».

GABALACHIS PIDIO PENA DE DOS AÑOS
El defensor Fabián Gabalachis puntualizó que la pena debe ser «resocializadora», pidió que el Tribunal no tenga en cuenta el agravante de ser funcionario público y menos que se compare a Alarcón con el exfuncionario K, José López. 
Gabalachis explicó que la publicidad del proceso y lo difundido a través de las redes sociales en contra de Alarcón «constituyen un atenuante por cómo han afectado a Alarcón».
El penalista pidió una pena de dos años de prisión para Alarcón, pero no se opuso a la inhabilitación para ocupar cargos públicos y ofreció una multa de 255.000 pesos como tope máximo.
Por su parte, El fiscal Rodríguez defendió la publicidad de las audiencias penales y solicitó que la repercusión social del caso no debe influir en la decisión de la pena que deberá cumplir Alarcón.