Insólita actitud de los gobiernos cuando los ensayos nucleares I

En momentos en que el inconsciente presidente anuncia el posible reinicio de pruebas nucleares es bueno conocer esto.

 

El objetivo era propagandístico y psicológico. Se pretendía convertir las pruebas atómicas en un símbolo de orgullo nacional, normalizarlas y transmitir una falsa sensación de seguridad, favoreciendo el apoyo popular al programa nuclear estadounidense, durante la Guerra Fría.

 

Las consecuencias conocidas después de aquellas pruebas y de haber expuesto innecesariamente a la población civil al polvo radiactivo (fallout), fueron profundas. Hoy están bien documentadas por estudios epidemiológicos, demandas judiciales y desclasificaciones oficiales.

 

La práctica, aparentemente inocua, de “mirar la nube hongo” fue parte de un proceso que normalizó la exposición radiactiva, ocultó riesgos, y derivó en decenas de miles de casos de cáncer adicionales.

 

HOY ES CONSIDERADO UNO DE LOS MAYORES DESASTRES SANITARIOS SILENCIOSOS DE LA GUERRA FRIA.

 

Las pruebas nucleares en territorio norteamericano comenzaron en 1945, con el estallido de la primera bomba atómica, Trinity el 16 de julio de 1945, en Alamogordo, Nuevo México.

 

Luego entre 1945 y 1962, se realizaron centenares de pruebas en el polígono Nevada Test Site (Nevada), fue el principal, no el único, sitio de pruebas.

 

Durante la época en que se llevaron a cabo estas pruebas, presidieron Estados Unidos Harry Truman 1945-1953, Dwight D. Eisenhower 1953-1961 y John Fitzgerald Kennedy 1961-1963.

 

Las personas que vivían en Utah, Nevada, Arizona, Nuevo México e Idaho, los llamados downwinders, fueron las más afectadas. Décadas después emergió un patrón estadístico claro: Aumento significativo de cáncer de tiroides, leucemias, linfomas. cáncer de mama, mieloma múltiple, melanomas, cáncer de pulmón y de aparato digestivo, etc.

 

El yodo-131 del polvo radiactivo se depositaba en pasturas y entraba en la leche; los niños fueron los más vulnerables. El National Cancer Institute (NCI) estimó que solo por consumo de leche contaminada se produjeron entre 11.000 y 200.000 casos de cáncer de tiroides a largo plazo en Estados Unidos.      

 

En zonas rurales de Utah, Arizona y Nevada se registraron aumentos anómalos de nacimientos con malformaciones, problemas reproductivos, abortos espontáneos y mortalidad infantil. 

 

Muchos informes fueron minimizados o archivados durante décadas.

 

Miles de soldados fueron llevados a observar explosiones a distancias ridículas, unos pocos kilómetros.
Décadas después se documentaron elevadísimas tasas de cáncer en veteranos, problemas de médula ósea y trastornos autoinmunes. Varias asociaciones de veteranos presionaron hasta lograr compensación federal.

 

El polígono de Nevada quedó contaminado con plutonio, estroncio-90, cesio-137, americio y tritio en aguas subterráneas. Hay radionúclidos que siguen detectándose hoy, y algunos acuíferos internos continúan monitoreados por la potencial migración de aguas contaminadas.

 

Durante décadas el gobierno negó el daño. Recién en 1990 se aprobó la Ley RECA (Radiation Exposure Compensation Act), que reconoce a downwinders, trabajadores de minas de uranio y veteranos expuestos. Miles de familias recibieron pagos, aunque muy insuficientes.

 

Muchos downwinders vivieron décadas con desconfianza en las instituciones por la destrucción de economías locales agrícolas y ganaderas, incluso porque comunidades fueron estigmatizadas.

 

A partir de los años 80 y 90, la OMS, UNSCEAR y varios institutos médicos revaluaron los modelos de dispersión, concluyendo que el polvo radiactivo doméstico fue mucho mayor que lo admitido inicialmente. Prácticamente todos los estados recibieron en distinto grado, material radiactivo de Nevada.

 

Las autoridades sabían que el polvo radiactivo llegaría a zonas habitadas. Técnicos meteorológicos advirtieron que los vientos llevarían la nube hacia Utah y Arizona, aun así, muchas pruebas no se suspendieron ni se pospusieron.
En algunos casos se ignoraron deliberadamente los pronósticos para cumplir calendarios militares. El riesgo era conocido y no “inesperado” como se dijo al público.

 

Los niveles de yodo-131 y estroncio-90 fueron entre 10 y 100 veces mayores que los comunicados oficialmente; los impactos en ganado, pasturas y leche mucho más graves que los divulgados.

 

Se manipuló la información para minimizar los efectos sanitarios. Los documentos mostraron órdenes explícitas de “evitar términos alarmistas”, instrucciones para no mencionar cáncer en comunicados, y redacciones internas que luego se modificaban para público.

 

En algunos casos se fragmentaban los datos para que las cifras de exposición parecieran menores.

 

continúa..