Gestionan asistencia psicológica y psiquiátrica para internos del IPP

En una entrevista con el periodista Martín Busi en FM El Chubut, la jueza Carolina Marín destacó la preocupante situación de la asistencia psicológica y psiquiátrica en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP), señalando que, a pesar de la emergencia carcelaria y en el sistema de salud, las personas privadas de libertad tienen derecho a acceder a estos servicios.

Marín explicó que el área de salud mental de Trelew está colapsada y que se evalúa la posibilidad de recibir apoyo de otras circunscripciones como Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. "El IPP depende de la circunscripción judicial de Trelew, pero es el centro de detención más grande de Chubut, albergando al 60% de la población carcelaria de la provincia. Esto ha sobrecargado de trabajo a los profesionales de la salud mental", indicó.

Según informó la licenciada Rossi, durante 2024 se registraron más de mil consultas de internos en busca de asistencia psicológica y psiquiátrica. "Estos requerimientos muchas veces están ligados a los delitos cometidos y a exigencias judiciales que obligan a los internos a recibir atención", agregó la jueza.

Uno de los problemas que agrava la situación es la falta de vehículos de traslado en el IPP, que se encuentra a más de 15 kilómetros de Trelew. "Resulta inconcebible que no haya ni un solo móvil disponible para los traslados. Se está trabajando para disponer de al menos tres vehículos en condiciones de uso", afirmó Marín.

Como alternativa para mejorar la asistencia de los internos sin generar mayores costos al Estado, se ha planteado la posibilidad de implementar telemedicina mediante videoconferencias para consultas médicas y psicológicas.

La jueza ordenó estas medidas en el marco de una audiencia de habeas corpus presentada por un interno, que expuso una serie de falencias en la atención de la salud mental en la cárcel. "El problema refleja la escasez de recursos del Estado, que impacta en distintos sectores, pero las personas privadas de libertad dependen enteramente del sistema penitenciario y deben tener garantizados sus derechos constitucionales", enfatizó.

Autoridades del gobierno y del IPP participaron de la audiencia y reconocieron la problemática. "Se está buscando una solución conjunta para garantizar una mejor asistencia a los internos, entendiendo que es una responsabilidad del Estado asegurar sus derechos básicos", concluyó Marín.