El Senado aprobó la ley de propiedad privada, pero el Gobierno debió retirar otro capítulo del proyecto

El Senado de la Nación aprobó este viernes en general el proyecto de ley sobre propiedad privada impulsado por el Gobierno nacional, aunque el oficialismo debió realizar nuevas modificaciones durante el tratamiento parlamentario. Luego de quitar el capítulo referido a la extranjerización de tierras, también eliminó las reformas previstas para la Ley de Manejo del Fuego al no conseguir el respaldo suficiente de sus aliados.

La iniciativa, que establece cambios para agilizar los desalojos y limitar las expropiaciones, fue sancionada por 37 votos a favor y 33 en contra.

El respaldo al proyecto provino de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve integrantes de la UCR, tres del PRO, los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola, la chubutense Edith Terenzi y un representante de Provincias Unidas.

En rechazo de la iniciativa votaron los 24 integrantes del interbloque justicialista, tres legisladores de Convicción Federal, Beatriz Ávila (Independencia), Flavia Royón (Primero los Salteños), Alejandra Vigo (Provincias Unidas), la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

El oficialismo ya había decidido retirar el capítulo vinculado a la Ley de Tierras Rurales, que proponía flexibilizar la compra de tierras por parte de extranjeros, luego de la resistencia expresada por gobernadores y bloques dialoguistas. Durante la sesión también debió dejar de lado las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, ya que tampoco logró reunir los votos necesarios para aprobarlas.

Entre quienes rechazaban esos cambios figuraban los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Ávila y los dos senadores de Misiones.

La legislación vigente, aprobada en 2020, impide modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios, y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno pretendía flexibilizar esas restricciones al considerar que perjudican a los propietarios de los inmuebles incendiados.

En el capítulo referido a los desalojos, el oficialismo reunió 36 votos, ya que la senadora chubutense Edith Terenzi optó por abstenerse.

El debate en el recinto

La Cámara alta retomó el tratamiento del proyecto con una versión reducida, luego de que el oficialismo eliminara el apartado referido a la Ley de Tierras Rurales debido a la oposición de gobernadores y sectores dialoguistas.

Al comienzo de la sesión, los senadores resolvieron enviar a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de participación remota presentados por la peronista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, explicó los fundamentos de la iniciativa y señaló: "El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada".

El legislador sostuvo además que la reforma propone que las causas por ocupaciones ilegales tramiten mediante un procedimiento sumarísimo, en lugar del proceso ordinario vigente, con el objetivo de reducir los tiempos judiciales.

Sobre la Ley de Manejo del Fuego, indicó que los cambios buscaban evitar que el propietario de un inmueble incendiado "sea doblemente castigado" por las limitaciones impuestas en la normativa actual.

Las críticas de la oposición

En el tramo final de la sesión, el presidente del bloque Justicialista, José Mayans, cuestionó duramente el proyecto y aseguró que la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada "es un asco" y es "inconstitucional".

"Esa modificación de la ley de Expropiaciones es inconstitucional de cabo a rabo, no resiste nada. Es un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado", aseguró en el discurso de cierre del peronismo, antes de la votación de la iniciativa.

Y agregó que "es para garantizar que, lo que se pase al sector privado, el Estado bobo no pueda recuperarlo".

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió la propuesta y sostuvo que la "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado" por el Estado.

"Ahora nadie te va a poder avasallar, porque hasta ahora las organizaciones mafiosas de todo tipo tomaban tierras, vendían, usurpaban la casa y se quedaban con el esfuerzo de los argentinos. Ahora el Estado te va a proteger, no te va a usurpar", afirmó.

Además, remarcó: "Por eso esta ley viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado, para que ningún argentino de las próximas generaciones sea violentado por un Estado que violenta y roba. Ahora los argentinos van a tener justicia".

En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno de Javier Milei y afirmó que la iniciativa apunta a "entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras".

También cuestionó el procedimiento legislativo al señalar que los senadores recibieron el nuevo dictamen "apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones".

Por su parte, la senadora rionegrina Ana Marks sostuvo que considerar la tierra "un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo" y acusó al oficialismo de actuar como "cipayos y entreguistas".

La legisladora también criticó el nuevo régimen de desalojos y advirtió que el Gobierno "no tiene ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler", al tiempo que rechazó que la solución al problema habitacional sea acelerar las expulsiones de ocupantes.

Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita defendió la iniciativa y afirmó que "la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible".

En tanto, la senadora Nadia Márquez expresó: "Queremos una Argentina libre y de personas prósperas. Esta ley promueve el fin de las usurpaciones, intentar que recuperar un inmueble sea más ágil, ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas y también apoyar a todos los que quieren invertir".

A su turno, el radical Maximiliano Abad manifestó: "Las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo".