Un juez denunció a sindicalista del Sitrajuch por rematar autos secuestrados en un terreno propio sin habilitación

Lo acusa de rematar vehículos en un terreno que no tenía habilitación comercial y tampoco autorización como depósito judicial de los vehículos. 

El magistrado a cargo del Juzgado de Ejecuciones Nº 1 de Comodoro Rivadavia denunció penalmente al sindicalista de los judiciales. La presentación fue enviada a la Procuración General y Jorge Miquelarena se la otorgó al fiscal general de Puerto Madryn, Daniel Báez.
EL CHUBUT accedió en forma exclusiva a la denuncia de Toquier, quien describe que en septiembre de 2018, en una reunión social de abogados del foro local «tomé conocimiento de irregularidades que existían en la Oficina de Notificaciones y Mandamientos de Comodoro Rivadavia, especialmente en la subasta de automotores que se producían por secuestros prendarios, derivados de los reclamos efectuados por las compañías financieras».
Toquier destaca en la denuncia que de allí «surgió que los remates se hacían siempre en el mismo lugar del barrio industrial de Comodoro, en la calle Teodoro Cereceda Nº 164/176».
Agrega que los remates «se hacían al aire libre», sin cumplir con las previsiones de la ley IV Nº 4.
El juez describió que «se utilizaba un método por el cual, una vez secuestrados los autos, una parte de los acreedores, al momento de pretender rescatarlos de manera extrajudicial debían abonar dos importes: El primero era una liquidación que se le exhibía y que era presentada por los abogados que la representaban y otra liquidación en donde se detallaban gastos se secuestro, estadía, depósito y gastos generales, los cuales debían ser abonados sin recibo alguno».
Toquier relata en la presentación que los damnificados optaban por esta vía para recuperar rápidamente la posesión del vehículo. 
A partir de esto, Toquier investigó que la propiedad en donde estaban depositados los autos secuestrados y posteriormente rematados, pertenecía a Belcastro, quien lo había heredado. 
Pero Toquier no terminó su investigación ahí. Fue a la municipalidad de Comodoro Rivadavia para comprobar si el lugar tenía habilitación comercial y si estaba autorizado tanto como depósito judicial de automotores y para efectuar remates en el lugar.
«Recibí una nota del señor Rubén Campillay, donde me informa que no tenía habilitación para ninguno de los inmuebles», expresó.

EMPLEADOS JUDICIALES COMPRABAN LOS AUTOS
Uno de los datos emblemáticos de la denuncia de Toquier, es que los empleados de la Oficina de Notificaciones «resultaban ser adquirentes de los vehículos en las subastas». 
Los vehículos adquiridos eran de alta gama y por un precio sustancialmente menor al real de estos autos en remate. 
En este contexto, Toquier denunció a Belcastro por presuntas «negocaciones incompatibles con la función que desempeña, infracciones por evasión impositiva al no emitir factura por los depósitos de los acorralados deudores que optan por pagar sin recibo alguno, a fin de lograr el recupero de sus vehículos».