Tierras del Inta: el Tribunal de Faltas ya tiene las actuaciones de Lleral y la decisión quedaría en manos de la Municipalidad

Consultado por diario EL CHUBUT, Gelvez se remitió a informar que recibió el escrito ayer alrededor de las 13 horas y hoy a primera hora se abocará al tema. No quiso anticipar ninguna línea de acción puesto que no había estudiado en profundidad el contenido del dictamen.

Asimismo, la Policía del Chubut sigue en alerta vigilando varios terrenos en Trelew que podrían ser ocupados en forma inminente, según la información que manejan. Uno de estos predios está ubicado frente al ingreso al Girsu, a la vera de la Ruta Nacional Nº 3, junto a un barrio con viviendas del IPV. 

Hace unos 20 días atrás, cuando se disparó la toma de tierras de Inta, familias se instalaron en este predio delimitado por la calle Miguel Falcón. El secretario de Desarrollo Social, Héctor Castillo, logró convencerlos para que se vayan. También la Policía sigue de cerca la posibilidad de que vecinos ocupen las tierras ubicadas frente a Yaguar, donde termina el barrio Luz y Fuerza. Esas tierras ya habían sido ocupadas hace cuatro años atrás, y las fuerzas policiales no descartan que pueda resurgir como foco de conflicto.

Sumado a esto, en la entrada al barrio Planta de Gas ya se puede ver más construcciones precarias de familias que se instalaron hace pocas semanas en el lugar que ya está ocupado hace varios años.

EL CASO DE INTA

La ordenanza 8634 en la que basará su resolución el juez de Faltas sobre la ocupación de Inta fue sancionada por el Concejo Deliberante y luego promulgada por el ex intendente José Gatica en abril del 2003. Los concejales repararon en que Trelew no tenía ninguna normativa que regulara «los asentamientos y ocupaciones ilegales» de terrenos públicos y privados que se venían incrementando en ese momento.

La ordenanza tipifica como asentamientos u ocupaciones ilegales a «la acción desplegada por dos o más personas o grupos de personas, en virtud de la cual se procede a tomar ocupación de terrenos baldíos de dominio público o privados, sin autorización escrita suministrada a tales efectos por la Municipalidad de Trelew y de los particulares que invoquen y acrediten ser sus legítimos propietarios». En concreto, la ordenanza prohibe «toda modalidad de asentamiento u ocupación ilegal de terrenos baldíos de dominio público o privado en Trelew». Prevé el desalojo de los ocupantes, «con la fuerza pública de ser necesario», y el secuestro de los elementos utilizados en la ocupación. También fija una multa de dinero para los ocupantes.

En Trelew hay al menos dos antecedentes de desalojos ordenados por el Tribunal de Faltas, que llevaron adelante las gestiones de Gustavo Mac Karthy (2009) y Máximo Pérez Catán (2015) con apoyo de las fuerzas policiales (ver recuadro). También en la gestión de Adrián Maderna, el secretario Héctor Castillo, había asegurado en agosto del año pasado que «no iban a tolerar la ocupación ilegal de terrenos».

¿GIRO INESPERADO?

A diferencia de los desalojos anteriores, la gestión de Adrián Maderna pretende darle las tierras de Inta a las familias más necesitadas. La semana que viene, funcionarios viajarán a Buenos Aires para encaminar las negociaciones con el organismo nacional. Esto podría implicar un giro inesperado en la interpretación de la ordenanza.

Sumado a esto, tras la resolución de juez federal Gustavo Lleral, que no hay delito de usurpación, la Policía del Chubut quedó en total estado de incertidumbre respecto de la forma de proceder en este tipo de casos.

Según marca la ordenanza, antes de que proceda de Tribunal de Faltas, primero corresponde al Ejecutivo Municipal «ordenar» que se constate si existe un asentamiento u ocupación ilegal en las tierras de Inta. Es decir que el juez de Faltas antes de resolver podría requerir a la gestión de Adrián Maderna que constate si existe una ocupación ilegal en esas tierras.

En principio, el secretario de Desarrollo Social, Héctor Castillo, se comprometió a entregar estas tierras a las familias que cumplan con los requisitos mínimos para acceder a un lote social. El Municipio ya hizo las encuestas socio económicas y demás trámites, con la firme intención de adjudicarles el terreno a las familias que tienen mayores urgencias. 

La semana pasada, conocida la resolución del juez Gustavo Lleral de que no hay delito de usurpación, las familias de Inta protestaron en la Municipalidad exigiendo a Castillo que apure el proceso de las adjudicaciones. Los vecinos estaban urgidos por tener en sus manos un papel que certifique que el Municipio les había preadjudicado la tierra.

En el supuesto caso de que el Municipio constatara que hay ocupantes ilegales, primero debe notificarlos para que desalojen el predio, y recién después tomaría intervención el Tribunal de Faltas, que a su vez debería convocarlos para que hagan su descargo «en resguardo su debido derecho a defensa», señala la ordenanza.