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Artero pidió informe sobre el destino de los fondos del 8 por 1000

La diputada de Chubut Unido Rossana Artero presentó un pedido de informe para conocer la totalidad de fondos que recaudó la Secretaría de Trabajo a través del “Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral” y a quienes benefició con esos recursos.

por REDACCIÓN CHUBUT 29/07/2021 - 13.15.hs

El “Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral”, conocido popularmente como 8 por mil, es una tasa que abonan los empleadores por cada trabajador en relación de dependencia y que debe utilizarse para diseñar nuevos cursos de enseñanza y reinserción laboral, y para financiar y mejorar los operativos de control y fiscalización que garanticen el cumplimiento de la legislación laboral.
 

 

“Desconocemos el destino que le dio la Secretaría de Trabajo a los muchos millones de pesos que recaudó con este impuesto, por eso realizamos el pedido de informe. Según un cálculo que realizamos, solo en 2019 habría recaudado alrededor de 200 millones de pesos con la tasa del 8 por mil”, expresó Artero
 

 

“Aunque esos fondos tienen un destino específico, creemos que se utilizan como estímulo para los trabajadores de la Secretaría de Trabajo y para el pago de subsidios a extrabajadores de la UOCRA, de Alpesca o de la textil Guilford”, destalló.
 

 

En el pedido de informe Artero solicitó “la totalidad de fondos con que cuenta en la actualidad el ‘Fondo Especial de Policía del Trabajo y Capacitación Laboral’, lo recaudado en cada período anual desde 2016 a la fecha y el detalle del destino de los mismos durante cada período, indicando los beneficiarios y los montos asignados a cada uno”.
 

 

“La diputada Adriana Casanovas presentó un pedido de informe similar sobre este tema hace casi un año y no hemos tenido respuestas así que si la Secretaría de Trabajo no responde este nuevo pedido de informe que hoy presentamos, recurriremos a la justicia para poder acceder a esa información”, aseguró la legisladora.
 

 

Y agregó: “También vamos a buscar los mecanismos legales necesarios, a través de la justicia o de la Ley de Información Pública, para que la Secretaría de Pesca responda el pedido de informe que realizamos hace 9 meses sobre la la ampliación en las bodegas de los barcos pesqueros que fueron reemplazados durante los últimos años, ya que la ley establece que las embarcaciones solo pueden ser reemplazadas por otras de menor o igual capacidad de carga en sus bodegas”

 

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