Una intervención sin fundamento jurídico y político

Es una decisión que corresponde a la autonomía de cada Municipio que garantiza nuestra Constitución Provincial. Más aún, luego de la reforma de 1994, también la Constitución Nacional reconoce en su art. 123 las autonomías municipales.
No corresponde entonces que funcionarios provinciales -y menos aún nacionales-, se inmiscuyan en la cuestión y pretendan ejercer un tutelaje de lo que deciden quienes han sido elegidos por el pueblo de su comunidad, como lo son los concejales.
A todo evento, si no existiera una causa justificada o si el procedimiento hubiese sido irregular, es la Justicia la que deberá determinarlo.
Desde lo político, no se entiende además cómo el Gobernador, que tiene en su propia gestión una crisis sin precedentes, con sueldos y aguinaldo impagos, pueblos sin energía eléctrica, recurrentes recambios ministeriales y una administración paralizada, sale a opinar con tanta liviandad propiciando una intervención, en lugar de generar una instancia previa. Por ejemplo, su Ministro de Gobierno podría tomar contacto con los actores del conflicto, informarse de la situación y procurar una instancia de diálogo institucional.
A ningún gobernante se le pueden escapar dos datos a la hora de ponderar este conflicto: uno, el de la autonomía municipal, que implica precisamente que estas situaciones sean resueltas dentro de la propia comunidad sin intervención de terceros -los de afuera son de palo-; el otro, que la mayoría que dio lugar a la suspensión del Intendente se formó con el voto del propio oficialismo municipal (FdT) y el acompañamiento de los concejales del partido del gobernador (Chubut al Frente) y Juntos por el Cambio.
¿El Gobierno provincial no habla ni consulta con sus propios concejales?
¿Cómo es posible que sin conocer detalles ni contar con mayor información, se salga con un pronunciamiento de tanta gravedad como lo es la intervención del Municipio?
Llama también la atención la fragilidad del equipo de Gobierno provincial ya que es evidente que nadie le alertó al Gobernador del paso en falso que significaba el anuncio de una intervención.
«He decidido intervenir la Municipalidad de El Hoyo», dijo en forma categórica el sábado, sin tomar en cuenta que tal decisión solo puede ser adoptada por la Legislatura, pues así lo establece el art. 243 de la Constitución Provincial. Y con una mayoría agravada de 2/3 del total de los diputados, según lo estipula el art. 127 de la Ley Orgánica de Municipios.
Además, no se tuvo en cuenta que para intervenir un Municipio -lo que conlleva desplazar a todas las autoridades electas por el pueblo, intendente y concejales-, tiene que haber causa. La Constitución contempla dos: acefalía o una expresamente prevista en la Ley Orgánica de Municipios. Ninguna de ellas se da en este caso.
Y finalmente, una intervención no permitiría reponer al intendente en su cargo. Todo lo contrario, el art. 128 de la Ley Orgánica de Municipios obliga al Poder Ejecutivo Provincial a convocar a elecciones dentro de los 45 días de promulgada la ley de intervención.
Como se puede ver, es una cuestión sumamente compleja desde lo jurídico, controversial desde lo político y trascendente desde lo institucional, como para anunciarla sin un análisis profundo y a través de twitter.
Semejante anuncio no solo no contribuyó a solucionar el conflicto, sino que lo expuso a quedar políticamente desautorizado, ya que difícilmente obtenga esa súper mayoría en Legislatura. Lo más probable es que, como ocurrió con tantos otros anuncios, ni siquiera sea enviado un proyecto de ley de intervención.