Concejo Deliberante tratará un alivio fiscal para comerciantes y el orden en espacios públicos en eventos

La ordenanza que regula las tasas por uso del espacio público y publicidad comercial, vigente desde 2001, será objeto de cambios. Según explicó el concejal justicialista Federico Garitano, la normativa se encuentra desfasada frente a la realidad económica que enfrentan los pequeños y medianos comercios. En este sentido, las reformas incluirán exenciones iniciales de nuevos comercios para el pago de esta tasa durante el primer año de actividad, los negocios operados bajo un sistema de franquicias pagarán solo el 50% del monto establecido, y sntes de aplicar los costos, se informará a los comerciantes, permitiéndoles decidir si prefieren retirar ciertos elementos publicitarios.
Estas modificaciones apuntan a aliviar la carga fiscal sin comprometer los ingresos municipales. Sin embargo, el debate no está exento de controversias. Desde la oposición se cuestiona la constitucionalidad de aplicar tasas por publicitar productos de grandes marcas, como tarjetas de crédito o franquicias. Garitano desestimó estas críticas, afirmando que la normativa estuvo vigente por más de dos décadas sin que se plantearan objeciones legales importantes.
El edil también reconoció que, aunque algunos sectores buscan la eliminación total de la tasa, esta medida no es viable en el corto plazo. “Es un paso en la dirección correcta, pero el municipio aún depende de estos recursos para sostener sus operaciones”, afirmó.

Regulación de eventos en espacios públicos
Otro de los puntos destacados será la implementación de normas más estrictas para actividades en plazas, la rambla y otros espacios públicos. El detonante de esta cuestión fue el encuentro de bombos que se organizó en la rambla y que, sin permiso, los organizadores decidieron cortar todo el tránsito de la rambla un domingo a la tarde. 
Para abordar esta problemática, las nuevas reglas contemplan, primero, que los organizadores de los eventos deberán designar a un responsable que se haga cargo de los daños o incidentes que ocurran durante o después de las actividades; y se establecerán penalizaciones económicas, calculadas en módulos, e incluso la prohibición de organizar futuros eventos en casos graves.
El objetivo de estas medidas no es simplemente sancionar, sino prevenir conflictos y garantizar un uso ordenado de los espacios públicos. “Queremos que los organizadores comprendan las consecuencias de no cumplir con las normas, evitando problemas antes de que ocurran”, sostuvo Garitano.