Red de Alquileres Temporarios pidió sanciones a quienes alquilen sus casas de forma irregular

Angélica Crusate, secretaria de la Red de Alquileres Temporarios dialogó con EL CHUBUT sobre  la cifra que se dio a conocer desde la Asociación Hotelera de la ciudad respecto a los 677 alojamientos turísticos no registrados, que fueron detectados. 

“El alquiler temporario es una actividad que en Puerto Madryn está registrada como una actividad comercial. No cualquiera puede poner un departamento en alquiler sin una habilitación comercial como no cualquiera puede poner un puesto de comida en la playa”, explicó. 

“Hay mucha gente que desconoce las ordenanzas y cree que puede alquilar su casa o un departamento sin hacer ningún tipo de trámite, que son para garantizar que esa unidad en alquiler cumpla con todas las medidas de seguridad y además que la persona propietaria esté registrada en Afip”, continuó Crusate. 

La secretaria señaló que la Red de Alquileres Temporarios acompaña la denuncia hecha por Ahrcoba, luego de detectar 677 alojamientos temporarios informales. “Es un numero enorme pero así sean dos o tres, están infringiendo todas las ordenanzas vigentes, entonces lo que reclamamos es que desde el Municipio se controle y se exija la regularización de esos alojamientos y que cuando se detecte alguno que no cumpla con la normativa, que sea multado”. 

Además apuntó al hecho de que quienes alquilan desde la informalidad “se aprovechan de nuestros aportes a la promoción del destino y ellos se ven beneficiados sin tener ningún aporte económico”. Y agregó que los niveles de ocupación durante el mes de enero fue de ente un 40 y un 50%, algunos incluso menos. 

SOLUCIONES 
Ante la consulta de EL CHUBUT, el viceintendente Martin Ebene se refirió a esta situación y aseguró que “el estado municipal está trabajando” para intentar dar una solución a esta problemática. 

“Es una situación preocupante que reviste una complejidad adicional porque no tenemos autoridad de aplicación para poder interceder justamente porque es una contravención que ocurre en el ámbito de una propiedad privada”, explicó. 

“En el caso de alojamientos irregulares el procedimiento que hoy nos impone la legislación para poder algún tipo de intervención requiere de participación judicial con orden de allanamiento mediante e inclusive otras de las grandes dificultades es la participación en carácter de testigo de quien contrata este servicio que muchas veces entendiendo que puede ser más económico, defiende esta postura y convierte prácticamente en cómplice negando esta situación”.