Investigan presunto desvío de más de $11 millones de aportes de empleados municipales

La Fiscalía y la intervención del SOYEAP están investigando a los dos exdirigentes por el presunto desvío de una suma que se estima en $11.475.556,34. 
Según la acusación del fiscal jefe Alex Williams, la supuesta defraudación se habría concretado entre los años 2020 y 2024.
La maniobra bajo sospecha se habría centrado en el abuso de la confianza de los asociados y de la Municipalidad, que actúa como agente de retención de las cuotas sindicales. 
Según se indica desde la investigación, Mariezcurrena, quien era responsable de la administración y manejo de dichas cuotas, junto a Vique, habrían informado al municipio —de manera «falaz e intencional»— los números de tres cuentas bancarias que no pertenecían al Sindicato, asegura la denuncia.
Estas cuentas, todas del Banco del Chubut, eran particulares: una estaba a nombre de Mariezcurrena, otra de Vique, y una tercera en la que eran cotitulares. Vique habría prestado una colaboración «activa e imprescindible» al facilitar tanto su cuenta personal como la compartida para que las retenciones destinadas a los afiliados fueran depositadas allí y administradas por él.
Lo que preocupa a la querella y a la intervención del gremio es que no existe constancia de que el dinero ingresado a estas cuentas personales haya sido utilizado para los fines del SOYEAP o en beneficio de sus afiliados. Ante el desconocimiento del destino de estos importantes fondos, se sospecha que ambos exdirigentes se habrían beneficiado económicamente, causando un perjuicio directo al Sindicato.
En el plano judicial, la jueza Pérez Bogado ya abrió la investigación y Vique fue formalmente imputado por presunta defraudación. En cuanto a Mariezcurrena, quien es la segunda dirigente alcanzada por la imputación, tiene prevista una audiencia de apertura de investigación para el día de hoy para formalizar cargos similares.
La querella, en representación del interventor del SOYEAP, José Mariani, está siendo impulsada por la penalista Gladys Olavarría, quien solicitó múltiples medidas de prueba para confirmar la «ruta del dinero» y determinar responsabilidades. 
La abogada aclaró, en diálogo con Radio Chubut, que la Municipalidad queda desligada de la investigación, ya que los agentes públicos no tienen la obligación de verificar si la cuenta entregada por los dirigentes sindicales es la correcta, dado que existía una nota formal de Mariezcurrena y Vique solicitando los depósitos en dichas cuentas.
El monto de la presunta defraudación, si bien se estima en los $11.475.556,34, es un valor «histórico» que deberá actualizarse en el transcurso de la investigación, buscando establecer la verdad para los trabajadores afectados