Acusan a un reconocido biólogo de “impulsar una privatización silenciosa de las pingüineras bajo el argumento de la conservación”

La Península Valdés enfrenta un conflicto que la guía de turismo local, Natalia Curin, describe como una «privatización silenciosa» de las pingüineras en Chubut, imputando directamente al biólogo local Pablo García Borboroglu, director de la Global Penguin Society (GPS). Curin denuncia que, bajo la justificación de la conservación, existe un avance de intereses privados sobre espacios naturales de uso público, ejemplificado por el cierre con alambrado de los miradores en La Boca y Caleta Valdés.

La guía acusa a Borboroglu de actuar «al mismo tiempo como juez, parte y asesor» debido a sus múltiples roles en el conflicto, señalando que este modelo de protección «restringe el acceso público y favorece la privatización» y pone en riesgo el acceso ciudadano y la economía regional.

El texto de la guía de turismo, titulado «El negocio detrás de la conservación: Borboroglu y la privatización silenciosa de las pingüineras en Chubut», sostiene que lo ocurrido con el cierre de los miradores en La Boca y la pingüinera de Caleta Valdés se convirtió en un símbolo de «la avanzada de intereses privados sobre espacios naturales de uso público».

Curin expone que, en una reunión en Puerto Madryn, «el propio Borboroglu se presentó ante los presentes y, con un discurso elocuente, admitió haber sido quien ordenó el cierre y colocó el alambrado en ambos miradores de Caleta Valdés». Este cierre afectó la actividad de guías, agencias y transportistas, y dejó a cientos de visitantes sin acceso a paisajes emblemáticos.

Un punto central de la denuncia es el conflicto de intereses que envuelve a Borboroglu, ya que la guía señala que este biólogo «asesora tanto al Ministerio de Turismo como a la estancia Ferro, las dos partes ‘en disputa’ por la gestión de esas áreas». Curin considera «irónico —y preocupante—» que actúe «al mismo tiempo como juez, parte y asesor, en un conflicto que debería estar siendo mediado por el Estado y no por intereses particulares».

La guía turística afirma que Borboroglu es señalado como impulsor de un modelo de protección que «restringe el acceso público y favorece la privatización». Además, plantea dudas sobre la influencia de la Global Penguin Society (GPS), señalando que Borboroglu «mantiene vínculos directos con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley». Esta cercanía, según la guía, «alimenta sospechas sobre la intromisión de intereses extranjeros en la gestión de recursos naturales de la Patagonia».

CAUSA PINGÜINOS
Respecto a antecedentes, Curin menciona la llamada “causa pingüinos” en la estancia La Perla, donde Borboroglu tuvo una participación clave realizando peritajes y asesorando a la fiscalía. No obstante, Curin señala que pericias posteriores del Estado provincial indicaron que «la cantidad de pingüinos muertos había sido ampliamente exagerada».

Para la guía, este episodio funcionó como «antesala de un proceso de control progresivo sobre las pingüineras chubutenses, donde las ONG y fundaciones reemplazan la gestión pública bajo el discurso de la ‘protección científica’».
«En nombre de la conservación, se están alambrando los derechos de quienes hacen posible la verdadera protección: los habitantes, guías y trabajadores de la Patagonia», sintetizó.