Vecino del barrio Procrear, en la zona sur de Puerto Madryn, se puso en contacto con EL CHUBUT para denunciar el robo de una moto en las últimas horas. El hecho ocurrió fuera de una vivienda, donde delincuentes sustrajeron una Mondial Dax 70. Si bien la víctima realizó la denuncia en la comisaría correspondiente, la Jefatura de Policía no informó el episodio delictivo. Esta situación genera malestar entre los vecinos, quienes aseguran que el robo de motos hace tiempo se volvió una problemática recurrente en la ciudad. La preocupación no es nueva. En distintos sectores de Madryn, los propietarios de motocicletas advierten que los robos son «una moneda corriente», y que muchas veces los vehículos terminan siendo desarmados para la venta ilegal de repuestos, muchas veces a través de las redes sociales. A pesar de las denuncias, aseguran que no siempre hay una respuesta efectiva por parte de las autoridades para prevenir el delito y que sólo actuan tratando de rastrear la venta. Mientras tanto, los damnificados apelan a la solidaridad de la comunidad para recuperar sus vehículos, compartiendo imágenes y datos en redes sociales. Sin embargo, la sensación de inseguridad sigue latente y la demanda de mayor presencia policial para prevenir robos se hace cada vez más fuerte.

El fallo fue comunicado por escrito, sin audiencia pública, ya que ambas partes optaron por evitar un nuevo debate oral para la lectura de la sentencia. Como medida cautelar, el condenado permanecerá bajo prisión preventiva en modalidad de arresto domiciliario hasta que la condena quede firme o hasta que transcurran los seis meses que establece el Código Penal para la revisión obligatoria de esta medida.

Un fallo revertido por la Corte Suprema
El proceso judicial había sido cerrado en 2018 por decisión del Tribunal de Juicio de Puerto Madryn. Sin embargo, la Procuración General de Chubut apeló el archivo del caso y logró que la Corte Suprema interviniera, revocara la decisión y ordenara la continuidad de la causa.
Con el caso nuevamente en marcha, un tribunal conformado por las juezas Yamila Flores, María Inés Bartels y María Alejandra Hernández llevó adelante el juicio, en el que finalmente se dictó la condena.
El acusado llegó al juicio en libertad y fue representado por el abogado Carlos Del Mármol. A pesar de la condena, su defensa aún tiene la posibilidad de apelar el fallo, lo que podría extender el proceso antes de que la sentencia quede firme.
En tanto, el plazo de seis meses para la revisión de la prisión preventiva es un procedimiento habitual en este tipo de condenas y, por lo general, se cumple antes de que la resolución judicial alcance firmeza definitiva.
Este caso, que en su momento había sido cerrado por la justicia provincial, tuvo un giro trascendental con la intervención de la Corte Suprema, marcando un antecedente en la revisión de procesos judiciales archivados.