Esta semana se conocerá la sentencia del juicio a directivos de Conarpesa

El juicio por presunta contaminación ambiental en el Golfo Nuevo, que tiene en el banquillo a dos directivos de la empresa pesquera Conarpesa, llegará esta semana que comienza a su instancia final. Tras los alegatos de las partes, la jueza Patricia Reyes deberá dictar sentencia la semana entrante, en lo que se anticipa como una resolución de fuerte impacto institucional y ambiental para la ciudad de Puerto Madryn y la región.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que los imputados permitieron el vertido de efluentes sin tratar al mar mediante un sistema de cañerías clandestinas tipo “by pass”. Según los informes técnicos expuestos en el debido proceso, los líquidos provenientes del procesamiento de langostino habrían sido arrojados al Golfo Nuevo con niveles de contaminación muy superiores a los permitidos por la normativa vigente: sólidos suspendidos 21 veces por encima del límite, DBO 60 veces superior, amonio 25 veces más y bacterias E. coli hasta 2.700 veces por encima del máximo tolerado.

Uno de los momentos más relevantes de las audiencias fue la inspección ocular en la planta de la empresa, donde se constató la existencia de un caño no habilitado que derivaba directamente líquidos al mar. En esa oportunidad, los propios responsables acompañaron a las autoridades en el recorrido, lo que —según la Fiscalía— probaría el pleno conocimiento de la maniobra y descartaría cualquier posibilidad de desconocimiento sobre el proceso de vertido. 

Pero, además, uno de los datos arrojados por la Fiscaía durante el juicio fueron los mensajes de Whatsapp entre ambos imputados, ya que muchos otros mensajes fueron borrados y el perito informático de Fiscalía no los pudo recuperar. Uno de esos mensajes decía: “No podemos derivar más al pay pass”. Para la Fiscalía, ese diálogo demuestra que los imputados sabían de la existencia del sistema y lo usaban deliberadamente para ocultar los vertidos.

Los acusados son Nadine Parry, responsable ambiental de la firma, y Brahim Yoosef, encargado de la planta de tratamiento de efluentes. Ambos están imputados por el delito de contaminación ambiental previsto en el Código Penal y en la Ley 24.051 de residuos peligrosos.

La causa se inició tras la difusión de un video en redes sociales donde se observaba un efluente de color naranja desembocando en el mar. Aquella evidencia inicial derivó en una investigación que se fue robusteciendo con pericias técnicas, constataciones in situ y testimonios que comprometen seriamente a los directivos procesados.

Ahora, con los alegatos ya concluidos y la etapa probatoria cerrada, resta que la magistrada emita su fallo. Se espera que la sentencia se conozca en el transcurso de esta semana y será clave para definir no solo la situación de los imputados, sino también el alcance que tendrá este antecedente judicial en futuras causas ambientales en Chubut y la Patagonia.