Estancia Ferro no acató resolución de Provincia y volvió a cerrar miradores

El lunes por la tarde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut dictó una resolución que exige la reapertura inmediata de los accesos a la Pingüinera y la boca de la Caleta Valdés, tras el bloqueo unilateral dispuesto por la administración de la Estancia Ferro a comienzos de enero. La medida busca restablecer el uso público de un sector donde el Estado realizó importantes inversiones en infraestructura y garantizar la actividad de las agencias de viajes en plena temporada de cruceros, dejando sin efecto una restricción que fue calificada como un "atropello" al patrimonio de los chubutenses.
Sin embargo, a primera hora de ayer martes, los accesos a los miradores volvieron a ser bloqueados.
Pese a la orden oficial que exigía la reapertura inmediata de los accesos en Península Valdés, la administración de la Estancia Ferro volvió a bloquear los caminos internos hacia los miradores. El sector turístico evalúa avanzar por la vía judicial.
Este martes a la mañana EL CHUBUT conoció que la Estancia Ferro no acató la resolución dictada por el Gobierno de Chubut que ordenaba habilitar los miradores de la Pingüinera y la boca de la Caleta Valdés y, en las últimas horas, volvió a cerrar los accesos, profundizando el conflicto en uno de los sectores más sensibles de Península Valdés en plena temporada turística.

 

La medida contradice de manera directa lo dispuesto por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, que había exigido la reapertura inmediata de los caminos internos luego del cierre unilateral aplicado a comienzos de enero. 
La resolución ministerial buscaba poner fin a la incertidumbre del sector turístico, que había denunciado la medida como una maniobra de "extorsión" o "apriete" vinculada a una pretensión económica de los propietarios de cobrar un canon mensual de 7.000 dólares para permitir el paso y restablecer el uso público de un área donde el Estado realizó inversiones en infraestructura para garantizar la continuidad de la actividad turística y de las agencias de viajes.
El fundamento legal de la habilitación forzosa reside en la naturaleza del recurso y la inversión pública consolidada en el sitio. El Estado Provincial destinó fondos para la construcción de senderos, miradores, estacionamientos y cartelería interpretativa, elementos que otorgan al lugar un carácter de uso público de hecho. Además, las autoridades recordaron que, si bien la tierra es propiedad privada, la fauna silvestre —como los pingüinos— pertenece al Estado, lo que faculta a la Subsecretaría de Conservación a intervenir para asegurar la protección del recurso y evitar que particulares ingresen sin control fuera de los senderos habilitados.
Desde el Gobierno se recalcó que se agotaron las instancias de diálogo, incluyendo ofertas de incentivos fiscales y acompañamiento para proyectos turísticos privados que fueron rechazados por la familia Ferro. 

 

AVANCE EN LA JUSTICIA
Ante el nuevo bloqueo, referentes del sector turístico confirmaron a EL CHUBUT que comenzaron a avanzar en el análisis de acciones judiciales, con la intervención de abogados, para definir los pasos a seguir frente al incumplimiento de la orden provincial. 
La situación volvió a generar preocupación entre operadores, guías y prestadores, que advierten sobre el impacto directo en la temporada y en la imagen del Área Natural Protegida.
Desde el ámbito turístico recuerdan que el acceso a esos miradores se mantuvo abierto durante más de dos décadas y que la resolución provincial se sustentó tanto en el carácter público de las obras realizadas como en la potestad del Estado sobre la fauna silvestre. El desacato de la estancia reabre ahora un escenario de mayor tensión, con un conflicto que amenaza con trasladarse definitivamente al plano judicial.