La querella solicitó la detención inmediata del acusado por abusos en Puerto Madryn
Tras la incorporación de nuevas pruebas calificadas como determinantes, el abogado de la víctima exigió la captura de J.A.C. para evitar riesgos procesales. Denunció además que el Ministerio Público Fiscal ocultó evidencias durante años y adelantó que llevará el reclamo ante el gobernador Ignacio Torres por la gravedad institucional del caso.
por REDACCIÓN CHUBUT 18/08/2026 - 20.12.hs
El abogado Juan Pablo Gallego solicitó formalmente la detención del imputado J.A.C. El pedido se fundamenta en la producción de nuevas pruebas por parte de la querella autónoma —incluyendo historias clínicas del hospital público y testimonios de profesionales— que, según el letrado, confirman los hechos denunciados y no fueron valoradas anteriormente por la fiscalía. Ahora espera una resolución judicial urgente para asegurar el proceso.
“En pocos días hemos producido prueba determinante que confirma los abusos sexuales de la persona que pretendía ser encubierta”, afirmó.
El abogado vinculó la necesidad de la medida privativa de la libertad, según señaló, a partir de una la inacción del fiscal general Alex Williams, apuntando que “ante la necesidad de asegurar el proceso hemos exigido en las últimas horas la detención y estamos a la espera de una respuesta de la Justicia”.
La acusación sostiene que la evidencia siempre estuvo disponible para los investigadores públicos, pero fue deliberadamente ignorada. Al respecto, el letrado afirmó: “Si algún fiscal no encontró las pruebas que esta querella encontró en solo 15 días de investigación, evidentemente estas pruebas las tenían a la vista, las conocían, las ocultaron e impidieron su incorporación”.
Debido a la escala del conflicto, Gallego confirmó que buscará reunirse con las máximas autoridades provinciales: “Estamos en gestión y la vamos a hacer porque no tenemos dudas de que el gobernador Torres no tiene conocimiento de la entidad de este escándalo que enluta su provincia y que además provoca un daño enorme en el orden nacional”.
De prosperar la acusación por abuso sexual y corrupción de menores, el imputado enfrenta una pena en expectativa que podría alcanzar los 25 años de prisión. Por el momento, la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para disponer la detención mientras se preserva la presunción de inocencia del acusado
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