El Consejo de Administración de la Cooperativa cumplió un año y realizó un balance de gestión

En cuanto a las inversiones realizadas, destacó que los $60 millones para los vecinos del ex-IAC; los $42 millones para el sector conocido como 711 lotes y otros $41 millones para Playa Magagna.
«En tanto que para la gente de la Chacra 8 se pagó en transporte $863 mil, para El Pozo (de enero a abril) se invirtieron $250 mil. Y se proyecta abonar en el último trimestre unos $60 millones más, alcanzando el anual proyectado más de $203 millones», agregó el informe de la prestataria.
Además, destacaron desde el Consejo que «durante este año se efectuaron obras eléctricas y sanitarias en distintos barrios; se compraron 190 medidores eléctricos, se colocaron 200 equipos led en distintas avenidas de la ciudad y se instalaron 12 reflectores LED de 400 Watts en el Puente del Poeta».
También se reemplazaron seis luminarias de alumbrado público, mejorando la visibilidad en el acceso al puente y la pasarela. Se reemplazaron luminarias en distintos barrios.
«En torno al Servicio Sanitario se culminó la red de agua en El Pozo, obra que benefició a unas 40 familias. Se reemplazaron cañerías cloacales en varios sectores de la ciudad», detallaron.
Asimismo, se concretó la obra para el área de reúso del sistema lagunar. Se realizaron 20 canales longitudinales de 250 metros cada uno y el canal principal de distribución, abarcando una extensión de cuatro hectáreas. De esta forma se destina un área para el reúso del líquido tratado de los piletones con fines de riego.

EMBARGOS
Las autoridades de la Cooperativa se refirieron a los embargos, asegurando que uno de los más importantes «fue el del abogado Mateo Rossio, con el cual se hizo un acuerdo previo a una liquidación millonaria y se logró acordar el pago en cuotas»; evitando «el embargo del 50% en las cuentas de la Cooperativa que hubiese imposibilitado su funcionamiento y el normal funcionamiento de los servicios».
«En el caso de Cammesa, no se viene pagando desde hace más de diez años y hay una situación de intimación extrajudicial y expedientes judiciales iniciados por la prestataria desde el 2017 que se encuentran radicados en la provincia y CABA. Hubo un acuerdo que se hizo en 2023, pero al no cumplirse se cayó.