Renuncian nuevos prestadores de Seros que habrían sido víctimas de amenazas

Miguel Arnaudo.

Sara Gianardo.

Alfredo Prior.

Jorge Vecchio.

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Una extensa discusión contractual entre la empresa Inpat, de Trelew, y el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS), por la prestación del servicio de atención de Salud Mental, derivó en una licitación que tuvo varios oferentes y generó la posibilidad de ampliar la prestación a los afiliados. Además de una significativa evaluación de costos, que permitirá al Instituto reinvertir más de 250 millones de pesos anuales para nuevos programas, como informó EL CHUBUT en su edición de ayer. 

Sin embargo, la decisión del directorio del ISSyS tuvo derivaciones incluso violentas, como fue la toma del edificio central en Rawson en marzo pasado, que derivó en una denuncia ante el fiscal Fernando Rivarola, por daños y extorsión. Ahora, con la adjudicación realizada a nuevos prestadores, se concretó una ampliación de aquella denuncia, pero en este caso para pedir protección sobre los nuevos prestadores y alertando que estarían siendo víctimas de amenazas. 
La denuncia la formalizaron el presidente del Instituto, Miguel Angel Arnaudo; y los vocales Alfredo Prior, Sara Gianardo y Jorge Vecchio. Allí dan cuenta que un grupo de personas que se presentarían como trabajadores de Inpat SRL, jnto a dirigentes de la CTA autónoma, habrían incurrido en hechos violentos amenazando a nuevos prestadores para que incorporen personal de la empresa Inpat o bien desistan del convenio firmado con Seros. 

«RENUNCIAN POR TEMOR»

«Mantienen el mismo objetivo de impedir que el ISSyS pueda contratar y decidir libremente sus prestadores, a la postre quienes brindan la cobertura médica y sanatorial a la que se encuentra obligada por la Constitución Provincial», sostiene la ampliación de denuncia presentada ayer por el Instituto, en cuanto a la supuesta intención de hechos de violencia que se habrían registrado.

 
Además, hicieron hincapié en que la situación «está generando que las empresas adjudicadas para la prestación del servicio, informen su decisión de no continuar con el proceso para el cual ofertaron y no suscriban los convenios de prestaciones, dado el temor que la situación les produce». 

Más adelante, en la denuncia, se relata un hecho puntual y señalando como víctima a una de las nuevas prestadoras de Seros en Trelew. «Personas identificadas como empleados del Inpat SRL y representantes de la CTA Autónoma que ascendía a 20 personas aproximadamente», visitaron la sede de la nueva empresa prestadora, a quien «le manifestaron en un claro acto intimidatorio, que por cada afiliado de Seros que recibieran, debían incorporar a su planta del personal un nuevo empleado designado por la agrupación que ellos representan». Y según la denuncia, le alertaron a la mujer que si no accedía «sufrirían las consecuencias que le impedirían prestar el servicio y realizarían protestas en ese establecimiento, quemas de cubiertas y cortes que impedirían trabajar». Las visitas quedaron registradas en la cámara de seguridad del establecimiento. 

«REPITEN LA MODALIDAD DE AMENAZAS»
En otro establecimiento geriátrico de Trelew, las mismas personas «intentaron ingresar a fines de tomar el edificio», denunciaron desde Seros, pero se logró evitar gracias a la intervención policial. Los propietarios del geriátrico «en estas condiciones de miedo e inseguridad y a causa de la agresión sufrida, habrían decidido no trabajar brindando las prestaciones a los afiliados de Seros, por lo que su intención era darse de baja como prestadores y que no tenían garantías de seguridad necesarias para poder hacerlo correctamente». 

Según consideraron los miembros del directorio del ISSyS, «como se puede advertir, ese grupo de personas repite la modalidad de amenazas tendientes a que no se pueda materializar la suscripción de nuevos convenios para reemplazar al prestador Inpat SRL, cuya firma del contrato exigían al Presidente (Arnaudo) y Vocal Sr. Prior, en marzo del corriente año» cuando fue tomado el edificio del Instituto. 

PELIGRO PARA LA SALUD DE AFILIADOS

Según consta en la ampliación de la denuncia formalizada ayer ante el fiscal Rivarola, estas actitudes «claramente tienen la intención de perjudicar las contrataciones que ha realizado el ISSyS, imposibilitanto así que el Instituto pueda brindar los servicios de salud a sus afiliados». 

Se remarca sobre todo que «esa actitud pone en peligro la salud de nuestros afiliados», ya que la empresa Inpat decidió dejar de prestar servicios si no se le aumentaba el pago mensual, y «por otra parte la conducta de ese grupo de personas que mediante violencia intimida a las empresas prestadoras para que los nuevos prestadores no lleven adelante su servicio en las condiciones pactadas con el organismo». 

MEDIDAS DE PROTECCION

Tras el relato de los hechos, el directorio del Instituto planteó ante la Justicia que «nos vemos en la necesidad de requerir medidas de protección a fines de tutelar a nuestros prestadores para evitar que se vuelvan a repetir hechos como los descriptos». 

De ese modo se pretende también «evitar que (los nuevos prestadores) sean amenazados y coaccionados y se les impida trabajar, obligándolos contra su voluntad a aceptar personal de Inpat SRL o darse de baja como prestadores de Seros». 

Por lo tanto se formalizó un pedido de «prohibición de acercamiento para los trabajadores de Inpat y de los representantes de la CTA Autónoma al domicilio de nuestros prestadores». Y se puntualizó que los hechos denunciados «podrían resultar constitutivas de los delitos de amenazas y coacción».