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El presupuesto de la Justicia para el año próximo superará los $ 33 mil millones

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut ingresó por Mesa de Entradas de la Legislatura provincial el Presupuesto General de Gastos y Recursos para el 2023 que se fijó en más de 33 mil millones de pesos. 
 

por REDACCIÓN CHUBUT 25/11/2022 - 00.00.hs

El proyecto de Ley fue elevado al presidente de la Legislatura, Ricardo Sastre y lleva la firma del presidente del STJ, Mario Vivas. También fue remitido al Poder Ejecutivo. 

 

En Acuerdo Plenario No 5165/2022 los integrantes del STJ en forma conjunta con el Procurador General y el Defensor General Alterno de Chubut, consideraron que las erogaciones se ajustaron a las necesidades mínimas de desenvolvimiento del Poder Judicial, conforme a los programas existentes y a los gastos previstos. 

 

En el artículo 5, se establece que el Poder Judicial podrá reestructurar y modificar las partidas, programas e incisos que considere necesarios, dentro de la suma total fijada por el Presupuesto 2023, con la excepción de la Partida Principal Personal, que únicamente podrá aumentar con el refuerzo que se origine para mejoras salariales en el crédito adicional. 

 

Además, el proyecto girado por el Poder Judicial solicita, en su Artículo 6, la autorización de la Casa de las Leyes provincial para ingresar anualmente a su presupuesto los montos de los depósitos judiciales inmovilizados por 10 o más años y que se encuentran depositados en el Banco del Chubut, para cuyo fin se publicarán los edictos correspondientes.  

 

En tanto, en el Artículo 8 el STJ pidió el aval para disponer hasta el 31 de diciembre de 2023, de los intereses que se generen por imponer a plazo fijo el dinero proveniente de depósitos judiciales en el marco de la Ley II No 166, una vez que los mismos hayan sido percibidos al vencimiento de la colocación e ingresados al «Fondo de Recursos Propios del Poder Judicial», creado por Ley II No 33 (antes Ley No 4315). 

 

También, se establece que los recursos que provengan de las operaciones financieras en el Artículo 8, solo podrán ser afectados a la inversión en bienes, servicios y construcciones, teniendo como única finalidad asegurar el funcionamiento del Poder Judicial.

 

PERSONAL

 

Otra de las cargas del sector corresponde al número de trabajadores. Señala que se fijó en 2.244 la cantidad de personal, de acuerdo con el detalle analítico de categorías que por grupo ocupacional y por programas figuran en planillas anexas al presente documento. 

 

Además, el Poder Judicial podrá modificar la cantidad de cargos de cada categoría escalafonaria y de cada programa dentro del total de cargos aprobados por la presente ley, sin modificar el monto total asignado.

 

En el apartado 9, se establece que los recursos que provengan de las operaciones financieras, solo podrán ser afectados a la inversión en bienes, servicios y construcciones, teniendo como única finalidad asegurar el funcionamiento del Poder Judicial. Los recursos propios que aquí se tratan no podrán ser destinados al pago de sueldos, que se financiarán con fondos provenientes de Rentas Generales. 

 

En uno de los últimos artículos, el poder pide que se lo autorice a incorporar al presupuesto los recursos provenientes de aportes que se asignen con fines específicos, y aquellos con fines específicos cuando la proyección de los mismos supere el monto originariamente previsto. 

 

En la carpeta girada a Legislatura, consta que durante la ejecución de este presupuesto se seguirán aplicando en política salarial, los incrementos que defina la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de la Acordada Nº 4270/15, por lo que si durante su ejecución en el ejercicio 2023 resulta insuficiente se solicitará la modificación y/o aumento de las partidas presupuestarias para otorgar incrementos correspondientes a todas las categorías del escalafón del Poder Judicial del Chubut. 

 

Y se incorpora personal que se estima, como mínimo, necesario con el fin de cubrir las necesidades de distintos juzgados y organismos que componen el Superior Tribunal de Justicia y los Ministerios Públicos, considerando que las funciones jurisdiccionales crecen considerablemente cada año, no solo por el incremento de la población sino también por el aumento de la litigiosidad producto de una sociedad cada vez más compleja. 
 

 

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