La Asociación de Magistrados cuestionó designaciones directas del Superior Tribunal de Justicia

En consonancia con la misma situación, la AMFJCH emitió ayer un comunicado recordando que a comienzos de este año recibió información de asociados sobre supuestas designaciones directas que se estaban disponiendo en el seno del STJ, por lo cual el 1 de marzo pasado le remitió a ese órgano una nota solicitando informe si desde la publicación de la Ley Orgánica de la Judicatura -10 de febrero de 2020- hasta el 1 de febrero pasado, se habían producido nombramientos u ascensos sin concurso de antecedentes y oposición.
La respuesta del tribunal de justicia provincial fue entregada a fines de mayo, verificándose 84 ascensos directos y 18 designaciones directas, destaca el texto hecho público por la AMFJCH, señalando que el pasado viernes remitió una nota al STJ en la que citando los artículos 16 de la Constitución Nacional; 67 de la Constitución Provincial; 3 (punto 5) de la Convención Interamericana contra la Corrupción; y 8, 24 y 25 de la Ley Orgánica de la Judicatura, se hace un análisis de la normativa convencional, constitucional y legal que rige en materia de ingreso y ascensos en el ámbito de la judicatura del Poder Judicial.
En virtud de lo expuesto, en el escrito enviado al Superior se sostiene que las designaciones informadas «han sido dispuestas por fuera de todo el marco normativo legal, constitucional y convencional citado» solicitando «revisar las razones que motivaron aquellas designaciones y disponga lo necesario para evitar su reiteración».
A entender de la Asociación de Magistrados, «la propia Administración está obligada a autolimitarse a través de su potestad reglamentaria y ello significa restringir su potestad discrecional de decidir a quién designa para cumplir una función pública», considerando que «las designaciones directas afectan el derecho de toda la ciudadanía a acceder a los cargos públicos vacantes y los ascensos directos vulneran el derecho de igualdad y a la carrera judicial de quienes trabajan en el ámbito del Poder Judicial».
Al mismo tiempo, expresan que «la falta de medición de la idoneidad, al no haberse realizado el correspondiente concurso de antecedentes y oposición, podría acarrear graves consecuencias a los/as justiciables de imposible reparación ulterior».