Dolavon prohibió el acopio de arenas silíceas a cielo abierto e intimó a la planta a que se ajuste

La ordenanza, impulsada por el Ejecutivo Municipal, establece que la planta de acopio de arenas silíceas de Dolavon, tendrá un plazo de 60 días para ajustarse a la nueva normativa, de lo contrario será multada con importantes sumas de dinero hasta llegar a la clausura del lugar.
El intendente Dante Bowen, en un video en su cuenta de Instagram, objetó que la cartera de Ambiente de la Provincia, «no está haciendo lo controles como debería», y, por lo tanto, esta ordenanza llega para «hacer que se cumpla» lo dispuesto por el Informe de Impacto Ambiental.
Cabe recordar que la planta de arenas silíceas de Dolavon, que abastece a petroleras para el fracking, está operativa en la zona desde hace más de ocho años. Bowen, quien gobierna Dolavon desde el 2015, esgrimió que «la salud de la población está en peligro» al promover esta normativa.
La ordenanza, que será promulgada en estos días, advierte que «la salud de todos los pobladores de Dolavon se encuentra en peligro», en virtud de los efectos nocivos de «derivados de la exposición a la sílice cristalina en ojos, piel y sistema respiratorio, daños pulmonares» e incluso agregan que es «cancerígena».
El segundo artículo fija las sanciones por incumplimiento en caso de que la planta o cualquier otro emprendimiento de arenas silíceas, no se ajuste a esta nueva normativa en el corto plazo. 
«Otórguese un plazo de 60 días corridos a partir de la entrada en vigencia de la presente para que todo sujeto alcanzado ejecute las medidas de corrección y mitigación que correspondan según dictámen técnico justificado», dice.
«Transcurrido dicho plazo, se faculta al Poder Ejecutivo Municipal a sancionar con una multa equivalente a 1.473.839 módulos generales a cada infractor. En el caso de incumplir además con el pago de dicha multa, cada infractor deberá abonar un interés diario de 10.000 módulos generales. Asimismo, constatado un nuevo incumplimiento, se dará de baja la habilitación comercial de los sujetos infractores», señala.
La oposición de Juntos por el Cambio votó por la abstención durante el tratamiento de la ordenanza al considerar que el tema amerita un análisis mucho más profundo.  
El concejal Daniel Pereira, que viene trabajando hace años en la comisión de ambiente que se creó cuando inició esta explotación, planteó que la ordenanza tiene «inconsistencias de todo tipo».
Se mostró de acuerdo con que el Ejecutivo repare en la cuestión sanitaria, después de casi una década, pero al mismo tiempo consideró que también deberían fijarse en otros aspectos que hacen a la salud y al cuidado ambiental.