Dictaron prisión preventiva para dirigentes del Supa denunciados por extorsión

La apertura de investigación, a cargo de la fiscal Florencia Gómez, incluyó el detalle de los hechos denunciados, más información obtenida de los teléfonos celulares de los integrantes del gremio, secuestrados en los cinco allanamientos realizados por la Policía en enero pasado. Están acusados los dirigentes sindicales Alexis Gutiérrez, Bruno Vega, Claudio Villarroel, Juan Zambrano y Juan Inalef, a quienes la jueza Karina Breckle finalmente dictó la prisión preventiva por el término de un mes. Se trata de un delito que no se encuentra alcanzado por los fueros sindicales, a los cuales los cinco imputados solicitaron acogerse. Y la investigación quedó abierta por el plazo de seis meses. 

PEDIDO DE DINERO
En cuanto a la denuncia de los hechos, el Ministerio Público Fiscal expuso que «el día 18 de agosto de 2023, se llevó a cabo una reunión entre los representantes del Supa y las empresas estibadoras de servicios de carga y descarga de barcos, en la calle Chiquichano al 1.500 de la ciudad de Trelew, para llegar a un acuerdo en los valores de mercado». Por parte del gremio asistieron su secretario general, Alexis Gutiérrez, el secretario gremial, Bruno Vera, y el protesorero, Claudio Villarroel; mientras que, por parte de las empresas, estuvieron presentes los titulares de las firmas Aravales e Hijo SRL, Estibajes Rawson SA, Estibajes Suarmo SA, Scarico SRL y Don Gerónimo SRL.
«En esta reunión», precisó el MPF, «el secretario general, Alexis Gutiérrez, exigió que cada empresa pague a cada uno de los representantes del Supa (Gutiérrez, Vera y Villarroel) un monto de $2.400.000 por día, bajo amenaza de paralizar toda la actividad del puerto, impidiendo las descargas de la materia prima. Ante dicha situación, la reunión terminó, negándose cada empresario a realizar la entrega de dicho dinero injustificado, lo cual está fuera de todo convenio o paritarias».
Inmediatamente finalizada la reunión, uno de los empresarios que se contactó con Gutiérrez fue Raúl Cereseto, a quien el líder gremial «le confirmó que cada empresa debía pagar dichos montos a cada uno de ellos y que las empresas que no paguen no van a poder trabajar en el puerto, negándose (Cereseto) a dicho pago injustificado».

AMENAZAS
Allí, según la fiscal Gómez, habría tenido lugar la primera amenaza al empresario al que días atrás le incendiaron la camioneta: «El 24 de agosto de 2023, Alexis Gutiérrez amenaza a Raúl Cereseto, refiriéndole ‘no sabés con quiénes te estás metiendo, de dónde venimos y cuánta gente somos. Si ponés la plata no van a tener problemas. Si no la ponen, te cuento lo que va a pasar, te vamos arruinar el negocio, y te vamos hacer boleta a vos y a tu familia, ustedes eligen’», expresa el relato de la Fiscalía.
Y continuó: «El 25 de agosto de 2023, la cúpula sindical del Supa ordenó no enviar trabajadores a las estibas en el Puerto de Rawson, a las empresas RV SA, representada por Cereseto, a la empresa Scarico SRL, representada por Jaroslavsky y Pantano, y a la empresa Suarmo SA, representada por Alejandro Suáres, las cuales se habían negado a pagar el dinero solicitado injustificadamente y bajo amenazas por parte del Secretario General del Supa, el secretario gremial y el protesorero».
Luego de dicho conflicto, comenzaron los pagos a los gremialistas: «El 1 de septiembre de 2023, se realizaron transferencias bancarias desde la cuenta débido de la empresa RV SA por $813.990 a la cuenta del titular Alexis Gutiérrez; a la cuenta de  Bruno Vera por el mismo monto, y la misma cifra para la cuenta de Claudio Villarroel. Realizando las mismas operaciones de transferencias bancarias a las personas expuestas por el mismo importe a cada uno en sus cuentas personales. De este modo y con tal accionar, intimidó al señor Cereseto, obligándolo a realizar las transferencias de dinero, creándole un perjuicio económico y obteniendo en consecuencia un beneficio económico ilegal Gutiérrez, Vera y Villarroel».

INTERRUPCION DE LA ACTIVIDAD
El segundo hecho expuesto por la fiscal durante la apertura de investigación, tuvo lugar el 18 de agosto de 2023, cuando representantes del Supa se reunieron nuevamente y en el mismo lugar, con los mismos empresarios. En este encuentro, Gutiérrez, secretario general del Supa, reiteró la exigencia de que cada empresa abone el mismo monto, y ante una nueva negativa, el 25 de agosto «la cúpula sindical del Supa ordenó no enviar trabajadores a las estibas en el Puerto de Rawson, a las Empresas RV SA, representada por Cereseto, a la empresa Scarico SRL, representada por Jaroslavsky y Pantano, y a la empresa Suarmo SA, representada por Alejandro Suárez, las cuales se habían negado a pagar el dinero solicitado injustificadamente y bajo amenazas». De las reuniones entre los gremialistas y los empresarios también participaron los representantes del sindicato en Comodoro Rivadavia, Juan Carlos Inalef y José Zambrano, también acusados.

PEDIDO DE PRISION PREVENTIVA
Con la sucesión de conflictos y pedidos de dinero, los pagos continuaron por parte de dichas empresas a los tres representantes gremiales. La metodología se repitió durante varias semanas, hasta que finalmente los empresarios se presentaron en la Justicia para denunciar lo ocurrido, lo cual dio lugar a la investigación que tiene como imputados por el delito de extorsión, «en calidad de coautores», a Alexis Gutiérrez, Bruno Vera y Claudio Villarroel, con el pedido de prisión preventiva por parte de la fiscal Gómez, la cual fue concedida bajo la modalidad de arresto domiciliario, por el término de un mes. El plazo establecido para la investigación es de seis meses, durante los cuales los imputados no podrán mantener ningún tipo de contacto con los denunciantes. Por su parte, la jueza calificó el hecho que se investiga como «sumamente grave» y consideró que los cinco acusados «han causado miedo y pavor a las presuntas víctimas y a sus familiares; afectaron la paz social provincial, las arcas provinciales, a los trabajadores y a otros sectores de la pesca. Usaron su actividad gremial para un provecho propio mediante el pedido de coima».