Gobierno envió a Legislatura proyecto para la regulación de los pasivos ambientales

La iniciativa establece la creación del Registro Provincial de Pasivos Ambientales, como así también la creación del Fondo de Recomposición de Pasivos Ambientales, que contemplará multas por incumplimiento de la ley, además de «subvenciones y donaciones». El documento se encuentra siendo analizado en Comisión en la Legislatura, y podría tratarse en la sesión de hoy, o bien en la próxima sesión ordinaria.
El espíritu del proyecto radica en que «la responsabilidad pública ambiental debe insertarse en una política de conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, que incluye la prevención del daño en base a los derechos de los ciudadanos a disfrutar en un medio ambiente adecuado».

CONTROLES
El documento, firmado por el propio gobernador Ignacio «Nacho» Torres e ingresado por Mesa de Entradas de la Legislatura el pasado 6 de mayo, también señala que «están obligados a realizar las tareas de recomposición de los pasivos ambientales las personas humnanas o jurídicas titulares de la actividad generadora del daño ambiental y los propietarios de los inmuebles, esto último en el caso de que no se pueda identificar al titular de la actividad».
Quedan exceptuados los titulares de inmuebles «cuando el pasivo ambiental sea consecuencia de una servidumbre impuesta por imperio de la ley», agrega el texto.
Además, la normativa exige a los responsables «establecer mecanismos de control integral que alcance las etapas de exploración, producción y etapa final o cierre de actividad», además de «respetar el sistema federal de coordinación interjurisdiccional para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional», y «respetar los mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, prevención y mitigación de emergencias ambientales, y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental».

AUDITORIA
En el caso del cese definitivo de las actividades, como ocurre con la empresa YPF en la provincia de Chubut, el proyecto de ley señala que «el titular del establecimiento o explotación, según corresponda, deberá presentar una auditoría de cierre y un plan ambiental específico para su evaluación por parte de la autoridad de aplicación. El procedimiento para la presentación de la auditoría de cierre y su evaluación «será determinado por la reglamentación de esta ley», agrega el documento.
En el mismo sentido, se determina que «la autoridad de aplicación establecerá los requisitos técnicos que deberá contener la auditoría de cierre, la cual, como mínimo, deberá estar integrada por una descripción de la actividad y de las instalaciones, muestreo y análisis del suelo, y de las aguas subterráneas, medidas de prevención y de control de la contaminación del suelo y estudio hidrogeológico».
En otro orden, el artículo 8 del proyecto de ley señala que «en caso de que la auditoría de cierre arroje como resultado la afectación ambiental, el titular deberá efectuar las tareas de recomposición dentro del plazo que determine la autoridad de aplicación», sumando a ello que «en caso de transferencia o cesión del establecimiento, explotación o concesión, la falta de aprobación de la auditoría de cierre hace presumir la responsabilidad solidaria del cedente y cesionario».

SANCIONES
Las penalidades administrativas por infracción a la normativa que establece el proyecto van desde el «apercibimiento» hasta la multa «de aplicación principal o accesoria entre 500 mil y 1.500.000 litros de gas-oil». También, la «suspensión o revocación de las autorizaciones, concesiones, licencias, según corresponda en casa caso», la «clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento», y la «cancelación definitiva de las habilitaciones e inscripciones de los registros correspondientes». En el caso de reincidencia, las multas medidas en litros de gas-oil se triplicarán, establece el documento.