La rebelión republicana de Chubut: Fin a los fueros y privilegios

La Provincia del Chubut atraviesa hoy un debate crucial: el tratamiento legislativo de un proyecto que propone eliminar los fueros en los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y extender esa supresión a la dirigencia sindical. La iniciativa, largamente postergada en la historia institucional argentina, busca desmontar uno de los mecanismos más anacrónicos y controvertidos del constitucionalismo local: las inmunidades personales que han devenido, con el tiempo, en verdaderos privilegios.
La Constitución chubutense, en sus artículos 247 y 248, consagra un sistema de inmunidades de amplitud excepcional. El primero otorga «completa inmunidad en sus personas y domicilios» al gobernador, vicegobernador y autoridades electorales; el segundo la replica para legisladores, magistrados, fiscales, defensores, ministros, funcionarios municipales e incluso dirigentes gremiales. Este entramado jurídico blinda de toda detención o pesquisa a un extenso arco de actores públicos, salvo en caso de flagrancia. Lo que nació como una garantía institucional para preservar la independencia de los poderes se ha convertido, en la práctica, en una distorsión republicana: una prerrogativa que rompe el principio de igualdad ante la ley (art. 16 CN) y genera una casta de intocables.
En la arquitectura constitucional comparada, los fueros surgieron en la Inglaterra del siglo XVII como un remedio contra la persecución política, cuando los parlamentarios eran apresados por sus opiniones. Con el tiempo, las democracias occidentales incorporaron esta figura para garantizar la libertad de expresión y voto de los representantes del pueblo, no para conferir impunidad. En la Argentina, sin embargo, la inmunidad fue degradada hasta volverse un escudo ético y penal que excede su razón de ser. Lo que debía limitar el abuso del poder, terminó blindando a quienes lo ejercen.
Como advierte Paul Mason (1995:309), «la mayoría de las constituciones estatales y provinciales disponen que los miembros de los órganos legislativos deben disfrutar de inmunidad parlamentaria (...) la doctrina de la inmunidad parlamentaria se aplica, aunque no en forma absoluta, a las autoridades y funcionarios de los órganos legislativos». Pero en Chubut -y en buena parte del federalismo argentino- esa doctrina se estiró al extremo, incluyendo a funcionarios, jueces y sindicalistas que jamás fueron elegidos por voto popular. Una expansión que vacía de contenido el sentido institucional del fuero y lo convierte en un privilegio corporativo.
La advertencia no es nueva. Thomas Jefferson, en sus reflexiones sobre el Parlamento británico, ya denunciaba que «los privilegios de los individuos del parlamento, aunque tuvieran principios muy débiles y oscuros, han hecho después constantemente los mayores progresos (...) hasta que su admisión habría dado un ejemplar con fuerza de Ley». Jefferson describía con precisión cómo los fueros, en lugar de limitar el poder, podían consolidar un régimen de inmunidades heredadas: una «libertad en todo tiempo de persecución y pesquisas» incompatible con la república.
En este contexto, la batalla política y moral que hoy libra Chubut adquiere una trascendencia nacional. La eliminación de los fueros no es una simple reforma administrativa: es un acto de depuración institucional, una afirmación del principio de que nadie está por encima de la ley. La ciudadanía reclama transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad pública. La persistencia de privilegios personales solo profundiza la brecha entre representantes y representados, alimentando la desconfianza y la apatía política.
Por eso, discutir los fueros ya no es un tecnicismo jurídico sino un imperativo republicano. La inmunidad funcional -cuando se transforma en impunidad moral- destruye el contrato democrático. Ningún cargo, toga o banca puede funcionar como refugio frente a la justicia. Si Chubut avanza en esta reforma, marcará un precedente histórico: el fin del fuero como símbolo de desigualdad y el inicio de una etapa de auténtica responsabilidad pública.