Torres envió a Legislatura el Presupuesto 2026: supera los 3 billones de pesos

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, envió a la Legislatura provincial el proyecto de Presupuesto 2026, cuyo monto total asciende a $3,39 billones.

Junto al Presupuesto ingresaron otros proyectos clave impulsados por el Gobierno provincial, entre ellos el Código Fiscal, la Ley de Obligaciones Tributarias, el Régimen de Débito Laboral, la designación del Banco del Chubut como agente financiero, el convenio entre el Ministerio de Gobierno y la Municipalidad de Puerto Madryn por la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), y el Presupuesto del Poder Judicial.

Según el detalle enviado a la Legislatura, la planta del Estado provincial contempla 42.956 cargos y 207.761 horas cátedra. En cuanto a la asignación del gasto, las principales partidas se concentran en Servicios Sociales, con $1,62 billones; Administración Gubernamental, con $950 mil millones; Servicios Económicos, con $412 mil millones; Seguridad, con $294 mil millones; y Deuda Pública, con $116 mil millones.

El esquema financiero prevé además un endeudamiento superior a los $532 mil millones para cubrir el resultado financiero, junto con amortizaciones de deuda por $334 mil millones.

Uno de los puntos que genera mayor interés es el plan de retiros voluntarios impulsado por el Ejecutivo, en el marco de la eliminación de organismos y la simplificación de funciones, especialmente en la administración central. El proyecto establece dos modalidades.

La primera es la denominada “abstención del débito laboral”, por un plazo máximo de cinco años. Durante ese período, el agente percibirá el 60 % del salario, pero continuará realizando aportes previsionales por el 100 %, al igual que el Estado. El trabajador no deberá prestar servicios y, finalizado el plazo, deberá reincorporarse a su puesto con el salario completo, salvo que antes renuncie o se jubile.

La segunda modalidad corresponde a un retiro voluntario tradicional, que contempla el pago de una indemnización equivalente a un salario por cada año de antigüedad, o fracción mayor a seis meses, calculada sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año. Quienes adhieran a este régimen no podrían volver a desempeñarse en ningún ámbito del Estado provincial, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial.