Cuatro años sin respuestas para el criminal incendio a EL CHUBUT y una impunidad que aún persiste

El tiempo avanzó, los calendarios se sucedieron, pero la herida sigue abierta. No por los daños materiales -que se reparan- sino por la impunidad, que se enquista y duele más con cada aniversario.
El atentado fue probado, reconocido. No hubo controversias sobre el ataque criminal al edificio, sobre el ingreso violento, sobre el incendio ni sobre el peligro concreto que corrieron los trabajadores que estaban cumpliendo su tarea. Los testimonios de empleados del Diario y de efectivos policiales confirmaron lo ocurrido. Los propios imputados reconocieron haber participado de la manifestación y haber estado dentro del edificio en el momento de los hechos. Algunos admitieron decisiones erróneas, otros minimizaron su rol, pero todos quedaron vinculados a la escena. Nada de eso alcanzó.
En septiembre de 2024, el fallo absolutorio cerró el proceso judicial con una sensación amarga: todo fue visto, todo fue oído, todo fue probado, pero nada fue suficiente. La absolución de los cuatro imputados dejó una marca profunda, no solo en este medio, sino en la sociedad. Porque cuando un ataque así queda sin responsables, el mensaje que se instala es peligroso: que la violencia puede no tener consecuencias, incluso cuando el blanco es la prensa y, con ella, la democracia.
Cada aniversario reabre preguntas que siguen sin respuesta: qué mensaje se envía cuando se absuelve un ataque incendiario contra un diario, qué límites quedan en pie cuando la violencia no encuentra condena, qué protección real tiene la prensa cuando informar se convierte en un riesgo sin amparo. El silencio judicial no es neutro: también comunica.
El ataque del 20 de diciembre de 2021 fue un punto de quiebre. No solo por la magnitud del daño material y el peligro concreto para las personas que estaban trabajando, sino porque marcó un antes y un después en la relación entre violencia, protesta y democracia. La protesta es un derecho; la violencia, no. Y cuando esa distinción se diluye, el Estado tiene la obligación de restablecerla con justicia.
El paso del tiempo no atenúa esa sensación. Por el contrario, la agrava. Cada año que pasa sin justicia reafirma la idea de que hay hechos que pueden quedar impunes aun cuando la evidencia sea clara y el daño incuestionable. La herida más profunda no es el fuego de aquella noche, sino la certeza de que nadie respondió por él.
La preocupación por el desenlace del caso también quedó inevitablemente asociada a la actuación del juez Carlos Richeri, quien presidió el juicio. Su rol fue determinante en un proceso que, además, estuvo teñido por situaciones que afectaron incluso el normal ejercicio del periodismo, con restricciones e incomodidades inéditas para un juicio de estas características, aun cuando el medio damnificado era el que informaba.
Hoy, Richeri enfrenta un pedido de destitución ante el Consejo de la Magistratura. Las denuncias que pesan sobre él incluyen el presunto ejercicio de una actividad comercial incompatible con la función judicial, el uso indebido de inteligencia artificial para redactar sentencias -una de ellas posteriormente anulada- y expresiones agravantes hacia camaristas y abogados. Todo ello proyecta una sombra que inevitablemente vuelve sobre aquel juicio y alimenta la preocupación por cómo se administró justicia en un caso tan sensible.
Cuatro años después, el ataque sigue siendo un símbolo. No solo de violencia, sino de un límite que no debería haberse cruzado nunca. La justicia aún tiene una deuda. Y mientras esa deuda exista, la sensación de impunidad seguirá hablando más fuerte que cualquier sentencia.