Aguilar recurrió a la Defensoría del Pueblo para frenar el aumento de tarifas de la Cooperativa

La polémica por el aumento de tarifas de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, que dispuso el intendente Gerardo Merino, ahora escaló al ámbito de la Defensoría del Pueblo, un organismo autónomo que funciona en la órbita de la Legislatura provincial.
El concejal justicialista Juan Aguilar ayer hizo una presentación a la defensora del Pueblo, Claudia Bard, en la que sostiene que el aumento de tarifas es «ilegal» y solicita que tramite un amparo para evitar que los usuarios lo paguen. Además, pidió que recurra a la Justicia para determinar la legalidad o no de la resolución.
Aguilar -opositor a Merino- es el mismo que impulsó el pedido de una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para rechazar el aumento de tarifas del 15 por ciento. El pedido fue acompañado por las firmas del edil de Partido Municipal por Trelew, Angel Cayupil, y el radical Rubén Cáceres del bloque oficialista.
La convocatoria está fijada para el viernes 14 de febrero. La presidente del Concejo, Claudia Monají, confirmó que la sesión se va a hacer, aunque podrían postergar la fecha. Hasta ayer aún no había nada definido.
La resolución ad referendum del Concejo Deliberante de Trelew, fue publicada por el Ejecutivo municipal en el Boletín Oficial a finales de enero. Merino y el interventor de la Cooperativa, Matías Bourdieu, dieron a conocer la novedad en conferencia de prensa.
El Ejecutivo municipal, en la resolución publicada, esgrime que no hay tiempo para esperar los plazos del Concejo Deiberante debido a la situación apremiante en que se encuentra la prestataria.
El incremento de tarifas de la Cooperativa, llegará a los vecinos con las facturas de febrero y marzo. Aguilar, con esta presentación, pretende dejar sin efecto el cobro del segundo tramo hasta tanto haya certezas si es legal o no. 

CRUCES CON EL OFICIALISMO
Cuando estalló la polémica, a comienzos de esta semana, el intendente Merino calificó esta convocatoria como una «jugada política» de Aguilar y le restó trascendencia. En el oficialismo, en un principio, especularon que la convocatoria podía llegar a caerse.
El edil radical Leonardo Ferrelli, en estos días, adujo que la firma de Cayupil «no sería válida», ya que está de receso. Sin embargo, la postura de Ferrelli, el presidente de la Convención de la UCR, se desfinfló con el correr de las horas. 
Al día siguiente, la presidente del Concejo, Claudia Monají, despejó las dudas y confirmó que la sesión se iba a hacer. Martín Luna, del PRO, dijo que tienen cinco votos asegurados (los cinco ediles de Despierta Trelew, a excepción de Cáceres). Por lo tanto, confió en que la resolución de Merino va a quedar firme.
Aguilar, en medio de estas idas y venidas, llevó esta cuestión al ámbito de la Defensoría del Pueblo. La novedad es que ahora interviene un actor externo al Concejo Deliberante. 
De acá en adelante, Claudia Bard podría empezar por solicitar informes al OMRESP, la Cooperativa Eléctrica y la Municipalidad. También habrá que ver cómo influye esta presentación en la convocatoria de la sesión extraordinaria.

LA PRESENTACION DE AGUILAR
Aguilar sostiene que el incremento de tarifas de la Cooperativa Eléctrica, otorgado mediante una resolución del intendente, «no se ajusta a la normativa vigente, es ilegal y afecta los intereses de los usuarios».
El justicialista expone que la ordenanza sancionada en noviembre del año pasado, incorpora un mecanismo de análisis comparativo (benchmarking) para fijar las tarifas de la Cooperativa, el cual es «obligatorio».
La ordenanza fija un procedimiento que debe llevar adelante el OMRESP para determinar las tarifas. Aguilar sostiene que, en el caso de esta resolución impugnada, los mecanismos no se respetaron.
«No existe metodología de costos aprobada por el Concejo Deliberante». En este punto sostiene que «(...) no existe mecanismo de revisión tarifaria habilitado para proceder a modificar los cuadros tarifarios (sic)».
«No se ha respetado el procedimiento debido para otorgar un nuevo aumento tarifario». Aquí sostiene que no se cumplieron los pasos que fija la ordenanza para evaluar y sancionar un incremento de tarifas. Es decir, no se constata ninguna «empresa modelo».
«Existe un perjuicio de los intereses de los usuarios de la Cooperativa Eléctrica». Aguilar esgrime que «por el dictado de la Resolución DEM Nº 189/25 los usuarios de la Cooperativa Eléctrica ya han recibido un incremento tarifario en las facturas con vencimiento en el mes de febrero 2025 y recibirán un segundo incremento en las facturas con vencimiento en el mes de marzo de este año (sic)».
Por último, Aguilar solicitó que «se tramite un amparo a los efectos de que no se aplique el segundo tramo del incremento (...) hasta tanto se determine la legalidad». Y que se tramite «ante el ámbito judicial que considere pertinente, un reclamo ante la posible legalidad del incremento dispuesto por la Resolución».