Se inició el juicio oral y público contra ocho personas imputadas en el incendio a la Casa de Gobierno

El tribunal unipersonal es integrado por la jueza Eve Ponce, se espera que brinden sus testimonios medio centenar de testigos y el debate se realiza en la sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson.
Los imputados son Lautaro Martínez, Mauricio Vargas, Damián Díaz, Nicolás Díaz, Brian Díaz, Lucas Espinoza, Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza y una octava persona que, al momento de los hechos tenía 17 años de edad.
La mayoría de los imputados es asistida por el defensor Pablo Sánchez, a excepción de Mauricio Vargas, que es asistido por el defensor público Miguel Moyano.

DECLARACIONES
El primero de los testigos en declarar fue el Comisario Gabriel Casalnuovo, a cargo de la entonces Brigada de Investigaciones de Rawson. Su declaración se extendió por un par de horas y dio cuenta de las fotografías, filmaciones y pruebas que ponen a algunos de los imputados en el lugar de los hechos. Además, dio cuenta de otras pruebas y descripciones de los hechos investigados y circunstancias propias del movimiento policial en función de las manifestaciones generalizadas.
También declaró el oficial inspector Michael Barrera, que dio cuenta de detalles de vestimentas y fisonomías de algunos de los imputados y el análisis de las cámaras de seguridad del Superior Tribunal de Justicia y algunas públicas de los alrededores, donde quedaron registrados. A lo largo de la tarde, hasta las 15 horas, siguieron declarando en similar tono, en cuanto a detalles de lo ocurrido, otros efectivos policiales.

AUSENCIA DE OPERATIVO DE SEGURIDAD
«Que el día 15 de diciembre de 2021, en oportunidad en que se encontraba sesionando la Honorable Legislatura de la Provincia de Chubut, se dio tratamiento y aprobación, entre otros temas integrantes del orden del día, a la Ley de Desarrollo Productivo Sustentable de la Meseta (Ley de Zonificación minera); materia de especial sensibilidad social, y a partir de la cual se suscitaron una concatenación de movilizaciones sociales en distintos puntos de la provincia, y particularmente con foco en el ejido de la ciudad de Rawson, ciudad capital; asiento de las máximas autoridades de los poderes del Estado provincial», informaron desde el Ministerio Público Fiscal.
Las manifestaciones se extendieron hasta el día 21 de diciembre, fecha en que el propio titular del poder ejecutivo postuló ante la legislatura la derogación de la ley.
Sin perjuicio de los diagramas operativos dispuestos o que debieron disponerse en las distintas jornadas; y haciendo especial foco en el día 16 de diciembre. «Fue el punto más álgido de los disturbios y escalada de violencia, es que se advierte en dicho contexto que la ausencia de un operativo de seguridad con un despliegue operativo acorde a la realidad de situación, dejó el radio céntrico de la ciudad de Rawson, lugar de asiento de los edificios centrales de los tres poderes del Estado provincial, prácticamente a merced de los manifestantes», se indicó.

TOMARON VIA PUBLICA «A SU ANTOJO»
Para la Fiscal Florencia Gómez, los manifestantes «tomaron a la fuerza de modo improvisado y desorganizado. Sin ningún tipo de planificación previa, emprendieron una sucesión de acciones violentas consistentes principalmente en arrojar elementos contundentes con el propósito de desplomar los vidrios de los edificios públicos, para luego ingresar en los mismos e iniciar focos ígneos valiéndose de los recursos existentes en las oficinas -hojas, libros, carpetas-, así como, saquear las cosas del lugar -computadoras, matafuegos, botellones de agua, etc. La efervescencia de estos grupos improvisados fue creciendo a medida que no encontraban resistencia, tomando la vía pública a su antojo y emprendiendo, con elementos rudimentarios, contra los edificios públicos».