por REDACCIÓN CHUBUT 04/05/2025 - 00.00.hs
La naturaleza del desfalco que se está perpetrando con los usuarios de energía eléctrica de Chubut, no tiene precedentes y, sin ningún tipo de firme oposición, se encamina a consolidares como la mayor estafa público privada, perpetrada a través de las facturas de servicios públicos perjudicando a los consumidores por igual, en cada ciudad importante de esta provincia. En este marco, hace pocas horas se publica (y publicita) la noticia que han pagado en Trelew, un porcentaje de la factura llamada corriente, a la Compañía Cammesa.
Esto reafirma directamente lo contrario, dando muestra de la calamitosa situación de la entidad, que aún hoy, con seis meses de intervención mediante, con aumento de tarifas y algunos pocos ajustes no comprobados, no puede satisfacer a sus proveedores de energía, pagando como corresponde la factura de consumo eléctrico. Esto nos llevó a hacer un repaso del informe de la intervención y debe decirse que las conclusiones son negativas.
Con más intenciones que evaluaciones bien fundadas, los cuadros presentados están incompletos y al fin, el mismo informante termina reconociendo que no ha incluido en esas proyecciones, el pago mensual de la enorme y principal deuda con Cammesa, la que evidentemente ha seguido aumentando, y a su vez, hemos encontrado otras cuentas que no se exponen claramente o no se informan, como, por ejemplo, la erogación en honorarios del propio equipo de la intervención.
En términos generales el informe es elemental, condicionado, y con una intención clara de mostrar un cambio importante y fortalecimiento económico financiero, pero, en definitiva, lo único que verdaderamente ha ocurrido y la única novedad relevante, es el aumento de tarifas que posibilito acomodar momentáneamente, los números del fluir de fondos.
No sirve exponer los cuadros finales separando la deuda, por un lado y la proyección de caja por otra, sin incluir las amortizaciones mensuales de la deuda con la CAMMESA. Este es el punto principal ya que, según el propio delegado del juez, esta deuda representa el 94 % del pasivo exigible. La intervención de forma irrazonable, con esta exposición, no expone convincentemente la verdadera y objetiva proyección, excluyendo la mayor deuda vencida, so pretexto de que no hay un plan de pagos firmado, pero la deuda esta, y es exigible.
En una prueba más de estas afirmaciones, se puede destacar, la falta de un balance de energía actualizado y la monetización de las perdidas técnicas y no técnicas de la entidad, que tienen que estar estudiadas. Un costo, que cualquier Buro internacional o nacional de auditoria especializada en servicios de electricidad, exigiría que se cuantifiquen y sean expuestas como perdidas de caja. Asimismo, debería haberse presentado el pertinente estudio sobre la mora de la cobranza de la entidad que también es fundamental, para un análisis completo de la situación económica y financiera y las proyecciones presentadas.
Creo que no es necesario reiterar contundentemente, que la cooperativa de Trelew está en manifiesta cesación de pagos, hace mucho tiempo, y no hay señales claras de que vaya a recuperarse como para afrontar definitivamente su pasivo. En esta situación, es preferible, como he manifestado, encarar definitivamente un acuerdo preventivo extrajudicial, o iniciar directamente un concurso voluntario o que el poder concedente tome una decisión final, que encause los servicios públicos de otra manera.
En lo técnico legal, este Informe de Intervención no es válido en ningún aspecto más que, el de cumplir con el deber del interventor de informar, para la formación de la opinión del juez y sus decisiones, por cuanto, al tratarse la cooperativa de una persona jurídica del derecho privado, que lleva contabilidad legal, con libros rubricados y obligaciones de registro y responsabilidad de guardar documentación de respaldo, cualquier afirmación en torno a cuadros, proyecciones, estimaciones y cálculos que el interventor presenta, carecen de todo valor público, porque existe legislación específica al respecto y deben ser intervenidos y certificados como corresponde, por un profesional de las ciencias económicas matriculado. Así todo, este informe es un conjunto de manifestaciones, afirmaciones y estimaciones de un auxiliar accidental y temporal de la justicia, pero no deberían servir de base única, para las decisiones, en esta enorme contingencia que atraviesa la entidad.
El interventor al fin, es un auxiliar momentáneo de la Justicia federal. Reemplaza con legitimación judicial a los órganos de administración y control, pero ni el, ni su equipo de colaboradores, son para las autoridades, los terceros, y principalmente para los asociados de la cooperativa, profesionales que puedan opinar de forma independiente de la situación económica y financiera de la entidad, con el debido informe, con firma, matricula y certificación Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chubut, porque reciben remuneración de la misma y su mandato es limitado y excepcional, al tratarse de mandatarios de una medida cautelar.
Este documento es, un «informe de intervención», nada más. Un relato con información limitada y parcial, no auditada legalmente, que repito, carece de valor público.
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