La Justicia Federal designó a Pablo Punta como nuevo interventor de la Cooperativa Eléctrica de Trelew

La resolución fue adoptada por el juzgado federal con sede en Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre, quien fue el responsable de ordenar la intervención en su momento, tras un pedido formulado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). El esquema de supervisión judicial se mantiene vigente y establece responsabilidad directa sobre la administración diaria de la prestataria.
Para asumir en la nueva función, Punta deberá tomar licencia de su cargo actual, ya que en la actualidad se desempeña como director del Organismo Municipal Regulador de Servicios Públicos (OMRESP). El traslado de funciones busca garantizar su dedicación exclusiva a la gestión de una cooperativa que brinda servicios esenciales en la ciudad del Valle.
Desde que se inició la intervención federal, la conducción de la entidad estuvo a cargo de Matías Bourdieu, el primer interventor designado por la justicia. Con este reemplazo, la conducción de la organización pasará a manos de una figura con amplia trayectoria en el ámbito público y académico, aunque el marco de intervención se mantiene sin cambios, con el control judicial como eje central.
En las últimas semanas habían circulado versiones periodísticas sobre la posibilidad de que el ingeniero Christian Fraysse fuera quien encabezara la conducción de la cooperativa, pero finalmente el magistrado federal optó por la designación de Punta.
Pablo Punta es ingeniero y cuenta con una trayectoria profesional que incluye roles como docente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), así como diversos puestos en la administración pública municipal y provincial. Su experiencia fue valorada al momento de tomar la decisión judicial para liderar esta etapa.
Además de su carrera académica, Punta ha desarrollado más de dos décadas de actividad en la municipalidad de Trelew, donde actuó en distintas funciones y también se desempeñó como concejal de la ciudad.
El cambio de interventor se produce en un contexto en el que la prioridad formal es sostener el funcionamiento institucional de la cooperativa y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos que la entidad ofrece en la región.