Ingresó a la Legislatura un proyecto para declarar por un año la Emergencia Comercial y de Servicios en Chubut

En los fundamentos, el proyecto describe un escenario de fuerte deterioro económico que excede la capacidad de resistencia del sector, con cierres sostenidos de locales y pérdida de empleo registrado en distintas ciudades de la provincia. Según se expone, la combinación de caída del consumo, presión impositiva y altos costos operativos configura un cuadro que pone en riesgo la continuidad de numerosas pymes.
La propuesta contempla la creación de un Certificado de Beneficiario de la Emergencia Comercial, de tramitación digital, destinado a contribuyentes de Ingresos Brutos con facturación anual inferior a los 3.000 millones de pesos durante 2025. A partir de ese encuadre, se habilitan una serie de herramientas de alivio, entre ellas la suspensión de ejecuciones fiscales y la eximición transitoria de retenciones bancarias.
En materia de deudas, el texto prevé planes de regularización de hasta 36 cuotas con tasas reducidas, junto con un esquema de condonación de intereses resarcitorios segmentado: quita total para contribuyentes de menor escala, y reducciones del 75% y 50% para tramos superiores.
También se incorporan medidas vinculadas a la prestación de servicios esenciales, como la instrucción para evitar cortes de suministro eléctrico por deudas previas durante los primeros 180 días de vigencia de la ley, así como mecanismos de compensación entre obligaciones tributarias y créditos a favor de los contribuyentes.
El proyecto incluye además herramientas de asistencia financiera a través del Banco del Chubut, con líneas de crédito a tasas bonificadas, programas de sostenimiento productivo y facilidades para la reestructuración de pasivos. A esto se suma la suspensión temporal de procesos judiciales y administrativos de cobro, con el objetivo de permitir la recuperación de las unidades económicas afectadas.

 

Un eje central de la iniciativa es la preservación del empleo. En ese sentido, se establece que el acceso y permanencia en los beneficios estará condicionado al mantenimiento de la nómina laboral, contemplando la pérdida automática de las ayudas en caso de despidos de trabajadores sin causa justificada.
Como parte de los fundamentos, el expediente incorpora un diagnóstico con datos que reflejan el alcance territorial de la crisis. En Comodoro Rivadavia, la Cámara de Comercio informó el cierre de unos 750 locales entre 2024 y 2025, mientras que registros del SIPA dan cuenta de la pérdida de más de 8.000 empleos formales en el departamento Escalante.
El panorama se replica en otras localidades. En Trelew, se indica que se registraron alrededor de 130 bajas comerciales durante el primer semestre de 2024, tendencia que continuó en 2026 con cierres incluso en espacios de alta concentración comercial. En Puerto Madryn, en tanto, se contabilizaron más de 40 solicitudes de baja de habilitación en los primeros meses del año.
La situación también impacta con fuerza en la cordillera. Referentes del sector en Esquel advierten una retracción generalizada de la actividad, agravada por la caída del turismo tras los incendios recientes, con un ritmo de cierres que promedia un comercio menos por día. Según se sostiene en el proyecto, este escenario responde a la combinación de altos costos logísticos propios de la región y una presión fiscal que, aseguran, termina por asfixiar a las pequeñas y medianas empresas.
La autoridad de aplicación de las medidas de la iniciativa propuesta por Arriba Chubut, sería el Ministerio de Economía provincial, con el acompañamiento de una comisión de seguimiento integrada por representantes del sector comercial y legislativo. Tras su ingreso formal, el expediente será girado a las comisiones correspondientes para su análisis.