Nación busca aprobar ley de propiedad privada que elimina límite a extranjeros para la compra de tierras

La eliminación de las restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras y los cambios en la ley de barrios populares son los principales puntos de la ley de Propiedad Privada, donde hay sustanciales diferencias entre los bloques dialoguistas y la Libertad Avanza. Por ese motivo, el oficialismo se abocará esta semana a la búsqueda de acuerdos con los bloques de la UCR, PRO, y bloques provinciales, para tener primero las firmas para el dictamen y luego para aprobar esta iniciativa en el recinto de sesiones.
«Por ahora no están los votos se debe seguir conversando porque hay varios bloques que quieren hacer cambios», reconoció una fuente ligada al oficialismo.
Por ese motivo, hasta ayer no se había convocado al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. Fuentes parlamentarias de la UCR señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que se está estudiando cada capítulo y analizando los cambios que se van a proponer al proyecto.
La senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, también expresó sus críticas a la eliminación de las restricciones para los extranjeros para adquirir tierras que hoy solo pueden comprar hasta mil hectáreas.
«En Chubut tenemos más de 200.000 kilómetros cuadrados de superficie con zonas de amplio valor estratégico. Me preocupa que, sin límites cuantitativos para la propiedad de los extranjeros, el Gobierno provincial pierda el argumento legal de cuestionar la concentración de tierras en capitales foráneos», señaló.

TIERRAS
En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, y solo establece que se debe pedir autorización cuando se trate de un país extranjero.
Los bloques dialoguistas están de acuerdo en que no se puede permitir que los extranjeros puedan comprar 1000 hectáreas, pero señalan que tampoco autorizar la compra en forma indiscriminada.
El Gobierno destaca que «la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional».

BARRIOS POPULARES
Otro capítulo que objetan algunos bloques dialoguistas es la reforma de la ley 27.453 ya que al limitar las expropiaciones será más complicado seguir con la regularización de las tierras donde se encuentran los barrios populares, y señalan que puede haber una catarata de desalojos ya que se elimina la prohibición de la suspensión de desalojos por 10 años.
También se suprime el 25% de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios.
El proyecto deroga los artículos 3,4, 5 que eran claves del proyecto ya que se establecía el mecanismo para expropiar las tierras destinados a los barrios populares.
Además, al descentralizar la implementación del régimen de regularización dominial, el Estado no tendrá un rol activo, sino que será una coordinación ya que esa tarea les corresponderá a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno señala que esa ley no logró cumplir su objetivo ya que luego de 7 años desde la entrada en vigencia de la ley, tan solo un 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada, es decir, un número extremadamente bajo de sus habitantes posee título de propiedad sobre la tierra que habita.

DESALOJOS
El proyecto instrumenta un sistema «exprés» de los desalojos ya que reduce de 10 a 3 días el plazo de intimación por falta de pago, y de 5 días para lograr el desalojo ya que solo se pedirá el título de propiedad, en lugar de la caución real.

MANEJO DEL FUEGO
El proyecto elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender, en caso de incendio, los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. Y prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.