Chubut es una de las provincias con más litigios laborales y la Justicia pidió crear Cámara de Apelaciones especializada

La iniciativa surge en un contexto de incremento sostenido de los conflictos judiciales vinculados al ámbito laboral. Según datos del sistema de Riesgos del Trabajo, durante el primer cuatrimestre de 2026 se acumularon 39.687 nuevos casos en todo el país, con una proyección anual cercana a las 138.600 demandas.
Dentro de ese escenario nacional, Chubut aparece como una de las jurisdicciones más comprometidas. Si bien comenzó a mostrar una desaceleración respecto de los elevados registros de 2025, continúa siendo la segunda provincia con mayor crecimiento interanual de juicios laborales, con un incremento del 24%, solamente detrás de Santa Fe.
Desde el Superior Tribunal señalaron que este aumento de la litigiosidad impactó directamente en el funcionamiento de las Cámaras de Apelación Civiles, que actualmente deben intervenir en múltiples materias -civil, comercial, laboral y de familia, entre otras-, generando una sobrecarga que repercute en los tiempos de resolución de los expedientes.
Frente a ese panorama, el proyecto propone la creación de una Cámara de Apelaciones Laboral específica, integrada por tres jueces especializados y con alcance en toda la provincia, aunque funcionando desde Trelew.
En los fundamentos de la iniciativa, el Superior Tribunal de Justicia remarca que la especialización permitiría mejorar la celeridad y la calidad de las resoluciones judiciales, especialmente en causas vinculadas a derechos de carácter alimentario, donde las demoras pueden tener un impacto directo sobre trabajadores y empleadores.
Además, sostienen que el nuevo tribunal contribuiría a unificar criterios jurisprudenciales en temas sensibles, como los cálculos indemnizatorios y la aplicación de índices de actualización, evitando dilaciones derivadas de la intervención de instancias extraordinarias.
Otro de los puntos destacados es que la creación de la Cámara no implicaría nuevos cargos adicionales dentro de la estructura judicial, sino una readecuación de puestos que ya habían sido solicitados previamente mediante otro proyecto legislativo.
La propuesta forma parte de un paquete más amplio de reformas impulsadas por el Superior Tribunal, que también incluye un nuevo Código General de Procesos no penales, basado en la oralidad, las audiencias públicas, el uso de nuevas tecnologías y un lenguaje judicial más accesible para la ciudadanía.
Desde el máximo órgano judicial provincial indicaron además que la reforma busca adecuar el sistema a estándares internacionales en materia de acceso a la justicia y resolución eficiente de conflictos laborales.