Abogados de Trelew pidieron una convocatoria amplia para debatir el Código Procesal No Penal

La postura fue ratificada durante una reunión de profesionales realizada el viernes, en la que, según informó la entidad, hubo consenso en que la abogacía no debe quedar relegada a un rol de «mera espectadora» frente a una iniciativa que modificará de manera sustancial la dinámica de los procesos no penales, con impacto sobre el acceso a la Justicia, las garantías procesales y el ejercicio profesional.
En ese marco, el Colegio resolvió continuar las gestiones institucionales para mantener reuniones con distintos actores y autoridades provinciales, con el objetivo de exponer las observaciones, cuestionamientos y propuestas respecto del proyecto elaborado en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia y enviado a la Legislatura para su tratamiento.
La institución sostuvo que resulta preocupante que una reforma de semejante trascendencia institucional avance sin generar previamente espacios de participación para los colegios de abogados de la provincia, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, el ámbito académico, los auxiliares de Justicia y otros sectores vinculados con la prestación del servicio judicial.
Asimismo, el Colegio recordó que representa a más de 650 profesionales del Derecho y remarcó que quienes ejercen diariamente la abogacía cuentan con experiencia directa sobre el funcionamiento de los procesos judiciales, sus dificultades y sus efectos sobre los ciudadanos, por lo que consideró que su intervención no puede limitarse al análisis de un texto con decisiones ya adoptadas.
En el comunicado también se advirtió que la reforma implica un cambio de paradigma en la administración de Justicia, con una profunda redefinición de los roles de jueces, abogados, funcionarios y otros operadores judiciales. En ese sentido, el Colegio expresó preocupación por algunas de las soluciones previstas en el proyecto, al entender que podrían afectar ámbitos propios del ejercicio profesional y generar consecuencias sobre el derecho de defensa.
Por otra parte, señaló que la implementación del nuevo sistema demandará infraestructura edilicia y tecnológica, reorganización funcional y recursos humanos y económicos adecuados. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no se ha informado de qué manera se concretarán esas transformaciones ni cómo serán financiadas.
Finalmente, el Colegio de Abogados de Trelew insistió en que una reforma procesal de estas características debe ser producto de un debate abierto, transparente y con participación efectiva de todos los actores que deberán desempeñarse bajo el nuevo régimen, antes de avanzar con su discusión y eventual aprobación legislativa.