Cuarto intermedio en la audiencia por la causa "Pollos de papel”

El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase resolvió pasar a un cuarto intermedio en la audiencia de apertura de investigación solicitada por los fiscales en la causa conocida como “Pollos de papel”, que investiga una presunta connivencia entre exfuncionarios municipales de Trelew y proveedores del Estado. La fecha de reanudación será dispuesta por la Oficina Judicial de Trelew.

La audiencia se inició con la lectura de los hechos que trae aparejada la apertura de investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, a cargo de los fiscales generales Julieta Gamarra y Lucas Papini, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Contra la Administración Pública (UFE-DAP). 

Por un nuevo pedido de uno de los defensores, el juez resolvió suspender el desarrollo de la audiencia, lo que impidió que el Ministerio Público Fiscal pudiera presentar la totalidad de los fundamentos de la acusación.

Desde la UFE DAP, se destacó la voluntad de avanzar con la formalización de la apertura de investigación en esta instancia, a fin de evitar nuevas dilaciones en una causa de relevancia institucional y social.

La investigación abarca hechos presuntamente ocurridos entre 2022 y 2023, en los que exfuncionarios y proveedores habrían manipulado procedimientos de contratación pública para desviar mercadería adquirida en el marco del Programa de Asistencia Alimentaria, destinada a sectores sociales vulnerables.

El perjuicio económico para el Estado se estimó en casi 179 millones de pesos, y los potenciales imputados son siete personas.

.

Según la hipótesis fiscal, los exfuncionarios habrían autorizado pagos por alimentos que nunca fueron entregados a las familias destinatarias, con el objetivo de cancelar deudas con proveedores y utilizar los recursos con fines políticos, mediante la distribución discrecional de mercadería. Para concretarlo, se habrían alterado expedientes administrativos.

Los investigados son Ángel Castillo (exsecretario de Desarrollo Social), Marcelo Olivera (exsecretario de Hacienda), Diego Armando Catrimay (exjefe del Programa de Protección Social), Eliana Gómez (excoordinadora del área de Contrataciones) y Cristina Siri (exjefa del Programa Despacho), quienes desempeñaron esos cargos entre 2022 y 2023.

Junto a ellos también están involucrados los comerciantes Rainiero Frontini y Elías Tellechea, presuntos proveedores de los alimentos incluidos en la investigación.

La investigación es dirigida por los fiscales generales de Unidad Fiscal Especializada en Delitos Contra la Administración Pública, Julieta Gamarra y Lucas Papini.