La Guardia Nacional de México pasa a estar bajo el mando del Ejército

"Con 71 votos a favor, 51 en contra y una abstención, se aprueba en lo general el dictamen que reforma cuatro leyes" relativas a la Guardia Nacional, informó el órgano parlamentario en su cuenta de Twitter.

La votación se realizó en las primeras horas de la mañana, tras horas de debate en el recinto debido a que los legisladores de la oposición sostienen que se entrega demasiado poder el Ejército, informó la agencia de noticias AFP.

La medida forma parte de la estrategia de López Obrador para combatir al crimen organizado y la ola de violencia que golpea al país desde hace más de 15 años.

Sin embargo, defensores de derechos humanos y partidos de oposición han criticado esta iniciativa que, según ellos, sería contraria a la Constitución, que en su artículo 21 de la Carta Magna establece que las instituciones de seguridad pública, entre ellas la Guardia Nacional, sean de carácter civil.

Se espera que legisladores opositores presenten una apelación ante la Corte Suprema mexicana.

Morena, el partido de López Obrador, consiguió que la reforma fuera votada en la Cámara de Diputados el pasado 3 de septiembre y tras su aprobación en el Senado, concluye el proceso legislativo y será remitida al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigencia.

La Guardia Nacional fue creada en 2019, también por impulso de López Obrador, y si bien la mayoría de sus 115.000 agentes son de formación militar, ahora está bajo un mando civil e integrada a la Secretaria de Seguridad.

Los críticos de este proyecto acusan al presidente de buscar militarizar al país y advierten del riesgo de que se multipliquen los abusos de autoridad y las violaciones a los derechos humanos.

El oficialismo defiende su estrategia con el argumento de que las Fuerzas Armadas gozan de una amplia aprobación entre la población y de que son menos susceptibles de ser infiltradas por el crimen organizado.

México está envuelto en una espiral de violencia ligada al crimen organizado que ha dejado unos 340.000 muertos desde 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos -entre ellas Amnistía Internacional- atribuyen parte de esa violencia a la "militarización" de la política de seguridad.