El Gobierno dio marcha atrás con cierres y fusiones de organismos públicos

El Poder Ejecutivo resolvió dejar sin efecto las medidas que establecían la fusión, disolución o modificación de distintos organismos estatales, luego de que esas iniciativas fueran rechazadas en el Congreso.

La decisión se formalizó mediante los Decretos 627/2025 y 628/2025, publicados en el Boletín Oficial, que restituyen la vigencia de las normas previas a los decretos que habían dispuesto los cambios.

“Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”, señala el texto del decreto 627.

Entre las medidas anuladas se encuentran:

• La fusión entre el Instituto Nacional Yrigoyenano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (Decreto 345/25).

   

• La incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 351/25).

   

• La disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) (Decreto 461/25).

   

• La eliminación de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) (Decreto 462/25).

   

Asimismo, se restablecieron los objetivos originales de instituciones como el Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/25), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) (Decreto 571/25), y las facultades de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25). También quedaron sin efecto las modificaciones que afectaban a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25) y a la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).

Por otro lado, el Decreto 628/2025 revocó los cambios introducidos por el Decreto 340/2025, que había aprobado un nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional y declarado a la navegación marítima y fluvial como servicio esencial tanto para pasajeros como para carga.

Mientras se normaliza el funcionamiento de cada dependencia, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía tendrán a cargo la cobertura transitoria de los servicios administrativos, financieros y jurídicos.