Romeo aseguró que no hay obstáculos para avanzar con la demolición de la calera del barrio Corradi

El funcionario explicó que el Municipio cuenta con una orden administrativa firme que habilita la intervención, en el marco de una resolución del Juzgado de Faltas que determinó el peligro de derrumbe. En ese sentido, señaló que, si bien durante el proceso hubo planteos por parte de uno de los herederos del inmueble, el recurso presentado no fue admitido, por lo que la medida sigue plenamente vigente.
«Nosotros seguimos en el marco de la misma actuación y resolución. La finalidad del fallo tiene que ver con la demolición por peligro de derrumbe», sostuvo Romeo, quien además detalló que mantuvo contacto con uno de los herederos, quien comprendió la situación y los riesgos que implica mantener la estructura en pie.
El secretario de Gobierno remarcó que la demolición se concretará «en pocos días», en línea con lo anunciado públicamente tanto por el intendente Gerardo Merino como por el gobernador Ignacio Torres. Cabe recordar que el mandatario provincial advirtió que, en caso de no avanzar con las autorizaciones correspondientes en un plazo de diez días, la Provincia intervendría directamente con maquinaria propia para ejecutar la demolición.
Romeo subrayó que se trata de la etapa final de un proceso administrativo que demandó varios meses y que incluyó evaluaciones técnicas y legales. Además, explicó que la intervención no será sencilla, ya que requerirá una implosión controlada de la estructura, seguida de un cerramiento del predio para evitar riesgos durante y después de los trabajos.
«Hay una estructura metálica muy importante y también hay que prever qué se va a hacer con todo el material, tanto ladrillos como otros elementos, porque eso tiene que quedar implosionado dentro de un gran hueco existente», detalló. En esa línea, indicó que el retiro de escombros representa un costo elevado, por lo que se analiza cuidadosamente la logística de la intervención.
En cuanto al financiamiento, el funcionario reconoció que la demolición implicará una inversión significativa, aunque aclaró que, conforme a la normativa vigente, los gastos deberán ser afrontados por el titular del inmueble. «No es una decisión caprichosa, sino que responde a una consecuencia nociva para la ciudad», afirmó.