Un caso judicial que preocupa

El fiscal encargado de la actuación fue el Dr. Daniel Báez de Puerto Madryn. El delito presuntamente cometido por el Dr.Koning sería abuso de autoridad. Los hechos que conformarían la figura delictiva serían haber actuado dos veces ante recursos de amparos presentados por una misma persona. En el primero el juez Koning se abstuvo de actuar por «razones de decoro y delicadeza» atento de quien era el amparista. En el segundo, un año y medio después, no se abstuvo e intervino resolviendo positivamente una medida provisoria que significaba la reincorporación del accionante a su cargo mientras se tramitara la causa. El requirente era el doctor Martín Alesi, juez de Familia de Rawson, y había sido suspendido en su función. No es intención de realizar en esta nota una defensa jurídica del doctor Koning -que desde ya estoy convencido que lo imputado no constituye delito- sino de otro aspecto que pudiera dar lugar a otras presunciones. 
Paulo Koning es un ciudadano que además de juez actúa dentro de la sociedad donde vive. Es un activo participante en todo aquello referido a derechos humanos en su concepción más amplia. Es un requirente del Estado de Derecho en todo aquello que se refiera a las manifestaciones y luchas sociales. Por supuesto que esta concepción no puede dejar de estar presente en el desarrollo de su actividad como juez. Busca también de esta forma la jerarquización de la Justicia como la defensa de todo aquello que trate de poner acorde la misma con los derechos que van siendo requeridos por la comunidad donde vivimos y los tiempos actuales. Por ejemplo encabezar en nuestra zona la actividad nacional que se llevó adelante en defensa de la actuación del juez de Dolores, Provincia de Buenos Aires, doctor Diego Ramos Padilla, cuando quiso ser removido desde el poder político de su cargo dado que conmovía a quienes ejercían los más altos cargos políticos del país con lo que estaba investigando. En esa oportunidad no se defendía solo un juez; se defendía una conducta al servicio de Justicia, en último caso al servicio de la comunidad. Se defendía la independencia de la Justicia frente al poder político. Si se quiere ubicar a Koning, entonces, en la corriente de los denominados magistrados progresistas creo que tienen razón. En el supuesto caso que hubiere un mínimo de razón en la imputación que se realiza al doctor Koning, cosa que desde ya descarto, cabe la pregunta si ello tiene la suficiente entidad como para merecer una denuncia penal. El solo ruido social que produce la denuncia (strepitus fori, lo llaman en Tribunales) es de por sí una herramienta que debe ser medida de acuerdo con los antecedentes de quien la utiliza. Digo esto porque corresponde traer a la memoria lo acontecido cuando un miembro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut en su actual composición expresó un concepto altamente discriminatorio respecto de las mujeres que mereció el repudio de la sociedad, teniendo repercusión en medios nacionales (Página 12, Infobae, La Nación, etc.) llegando a presentarse en el Senado de la Nación un proyecto de declaración repudiando la actitud del miembro porque»... sus dichos pueden entenderse un desconocimiento del Derecho en materia de género y contrarios a los avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres» .
La reacción de los miembros del Superior Tribunal -si es que la hubo- no estuvo a la altura de semejante ofensa no solo discriminatoria sino que toca niveles de derechos humanos. Sobre todo en momentos de requerimiento de la mayor notoriedad de derechos por parte de los movimientos femeninos y donde Argentina está dentro de los países que lideran en el mundo y Chubut -Trelew- realizó uno de los congresos más convocantes. 
No estoy pidiendo sanción alguna para quien se expresó de tal manera. Respeto el disenso. Como así es necesario requerir que las diferencias también sean respetadas aun también en la Justicia. En el discurso realizado ante el Congreso Nacional el 10 de diciembre pasado, el presidente Alberto Fernández en la notable y cáustica referencia que hizo sobre la situación de la Justicia nacional, entre otros conceptos dijo que no se tienen que judicializar los disensos. Como así tampoco los llamados de «law fare» (utilización de la Justicia como herramienta de persecución política). Creo que en esto no se encuadra el caso que estamos tratando. Pero sí cabría decir que en el caso que Paulo Koning resulte condenado en la causa que mencionamos, será difícil concebir en adelante disidencias en la estructura judicial de Chubut. Sería querer uniformar concepciones. Y esto de por sí sería grave. Grave para la Justicia y grave para la Democracia.