Corrupción, incompetencias y soluciones necesarias

La crisis de los edificios escolares que ha estallado en las últimas semanas, puso al descubierto un problema de antigua data.
En una misma semana, el intendente Maderna ha negado tener imcumbencia para ocuparse de las reparaciones, excusándose en cuestiones de competencia. Y luego ha informado a la ciudadanía que dejará sin efecto un Convenio firmado en enero con el Gobierno provincial, devolviendo el dinero aportado por insuficiente y por dificultades de coordinación con el Ministerio.

Estas graves desprolijidades agravan la situación desesperante de cientos de niños, niñas, adolescentes y adultos que no tienen clases o las tienen en condiciones inadecuadas, justamente por la falta de previsión y coordinación entre las administraciones provincial y municipal. 
Sumemos a este cuadro dantesco la irrupción de la Justicia penal por las irregularidades en la adjudicación de obras en las escuelas, que detonó en la renuncia de la ministro de Educación y hasta en la detención de al menos un empresario, con graves sospechas de defraudación al Estado.

Desde la detención de Diego Correa, hace ya más de un año, no se elaboró ninguna política pública tanto sea de parte del Gobierno provincial, como Municipal. La Legislatura es otro de los poderes del Estado que ha hecho silencio, a no ser por la repentina designación de tres integrantes del Tribunal de Cuentas, firmada por integrantes de los tres partidos políticos que la integran. 
La historia de la corrupción en Chubut se repite dos veces. La primera como tragedia. La segunda por la desidia de los Gobiernos y la subestimación de la bronca de la ciudadanía. 

Para nuestra visión municipalista, no cabe duda que la educación, la salud, la seguridad, entre otros derechos fundamentales, aunque sean de competencia de la Provincia de Chubut, son de importancia o incumbencia para el municipio. El Intendente es corresponsable con la Administración provincial, de no haber desarrollado en más de tres años de gobierno, un mecanismo eficaz para enfrentar esta problemática que afecta al derecho a la educación, y en su lugar tomar medidas de corto plazo e insuficientes, que solo demoraron la aparición de soluciones. 

Cabe preguntarse: ¿en qué evaluación técnica, administrativa o presupuestaria basó la decisión de firmar el Convenio en enero? Si las reparaciones necesarias exceden el monto del acuerdo firmado con la Provincia y nos encontramos finalizando abril, lo que debió hacer es negociar una ampliación de la previsión presupuestaria, no deshacer el convenio firmado apenas hace cuatro meses.

Desde el Partido Municipal Por Trelew, pensamos que todo lo que pasa en la ciudad y afecta la vida de sus habitantes es de incumbencia del gobierno municipal, que tiene que garantizar una adecuada coordinación de esfuerzos, para que cada administración competente haga lo que tiene que hacer.

No hay autoridad más cercana a las vecinas y vecinos de la ciudad que el Intendente. Es quien debe articular las demandas, ordenar las prioridades, reclamar a quien corresponda y rendir cuentas de toda esta actividad a la ciudadanía.
  La propuesta de nuestro partido en este punto es clara: Conformaremos una Mesa de Gestión Socioeducativa, con autoridades provinciales, municipales, escolares y miembros de las comunidades en las que las escuelas están enclavadas, bajo una clara coordinación del intendente. 

Se trata de construir diálogos entre las administraciones, con la comunidad y en el consenso de una planificación a mediano y largo plazo. Pero no solo para solucionar estos problemas edilicios, sino para potenciar el vínculo entre las escuelas y la población de influencia, analizar problemas sociales, ambientales y comunitarios que afectan el proceso pedagógico. Todo sobre la base de una dinámica transparente, participativa y de corresponsabilidad entre los protagonistas.

Queremos una escuela funcionando con respeto a la diversidad, dignidad para sus trabajadores y trabajadoras, inclusión para todos los habitantes cercanos y excelencia educativa. Una escuela que sirva de semillero democrático para enfrentar los problemas y los conflictos que se generan en la vida en comunidad.