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El Valle y la Compañía de Riego

Desde esta columna en sucesivas oportunidades he sostenido que las políticas que se instrumentan desde el Estado provincial no protegen a la producción y, de tal forma, dejan en letra muerta el artículo 83 de nuestra Constitución Provincial.

Luis López Salaberry

De más está decir que este desinterés por todo lo que implica creación y generación de riqueza repercute, con sus consecuencias, sobre la población que, obligadamente, tiene que tener como guía y norte de su vida activa y laboral la administración pública. Así nos va. 
Esta falta de visión sobre el régimen económico provincial genera una mirada facilista y conservadora, habida cuenta que sólo se tiene como base un régimen de regalías y coparticipación, sobre los que se toman deudas, sin advertir la diversidad que puede darse y se da en otros rubros de la actividad privada, siendo generadora de empleo y acumulación de capital que posibilita la pertinente inversión. Me estoy refiriendo específicamente al Valle Inferior del Río Chubut al que, desde el Estado, no sólo no se lo cuida sino que ha quedado en el olvido. 
Es altamente preocupante las decisiones que se adoptan todos los años, pero más precisamente en estos últimos, respecto a la actividad que debe desarrollar la Compañía de Riego, que es quien históricamente tiene de hecho la administración de los canales por donde circula el agua, vital en determinadas épocas para el sector productivo. Entiendo que esa falta de atención ocurre por la falta de conocimiento o por el desinterés en estamentos oficiales de lo que implica, en valor económico, este Valle. Pequeño, pero de una gran potencialidad si se lo cuida y fomenta en su actividad y donde pequeños productores o potenciales exportadores no sólo pueden perder el capital formado sino desalentar sus inversiones. Para ello es fundamental cumplimentar con los períodos de riego tanto en calidad como en cantidad y, para esa tarea, hoy es de importancia la llamada Compañía de Riego, institución que, por lo que se puede escuchar a funcionarios, nadie quiere asumir su presupuesto, lo que implica la necesidad de establecer de una vez por todas adecuadamente su régimen y administración. 
Dado este panorama, resulta esencial efectuarse la siguiente pregunta: ¿Qué es hoy la Compañía de Riego? Con ese propósito debemos remontarnos a la historia para entender su presente. La Compañía de Riego surge a consecuencia de la transferencia de los sistemas de riego por parte de la Nación a la Provincia. En el año 1993 se concreta la firma del convenio entre el Estado nacional y la Provincia sobre Reorganización y Privatización del Sector Eléctrico Patagónico. Allí se establecía la creación de Hidroeléctrica Ameghino SA, previendo la Nación la venta en concurso público internacional del 59% del paquete accionario de la misma. Con el dinero de la venta de este 59% la Provincia debía realizar a su cargo las obras para la sistematización del cauce del río Chubut y protección contra inundaciones. También la Nación le transfería a la Provincia el 39% del paquete accionario y como contraparte la Provincia se haría cargo, en el momento de percibir los ingresos de la venta de Hidroeléctrica Ameghino S.A., de los servicios de riego explotados por la empresa pública Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, y de realizar las obras de mejoras y readecuación integral de los canales de riego del Virch.  El 24 de junio de 1993 mediante la ley 3.849 se crea el Fondo de Optimización del Sistema de Riego y Sistematización Integral del Curso Inferior del Río Chubut, integrado precisamente con aquella venta referida anteriormente y sus correspondientes intereses, con más los dividendos que pudieran corresponder en el futuro como consecuencia de la participación accionaria en Hidroeléctrica Ameghino SA. Frente a todo ello el Poder Ejecutivo mediante decreto Nº 764/94 designa a Corfo como autoridad de aplicación y lo faculta a dictar normas a los fines de su cumplimiento. Entre las más importantes se encuentra la resolución Nº 128/94 mediante la cual se crea la Compañía de Riego como autoridad local de cauce de riego, para ejercer la administración, operación, conservación y mejoramiento del sistema de riego y drenaje.  Luego de varias idas y vueltas y manejos políticos, y luego de un movimiento de productores, lo que se denominó el «tractorazo», se decide intervenir por parte del Gobierno a la Compañía, dictando un acto administrativo (ley 920). En 1999 se crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de la Producción, siendo transferido al mismo todo el presupuesto, personal y bienes que poseía la Gerencia de Recursos Hídricos de Corfo. Más allá de los actos administrativos posteriores dictados en el 2006 y 2014, entre otros, se puede afirmar que aquella antigua Compañía de Riego, que nunca fue constituida como persona jurídica, debería integrar el presupuesto del Instituto Provincial del Agua que precisamente debe velar por aquella manda constitucional. Su incumplimiento y los perjuicios que se pueden producir no hacen más que responsabilizar a las más altas autoridades provinciales que incumplen las obligaciones que les corresponden y la falta de políticas para llevar adelante las transformaciones que le han sido impuestas. Es de esperar que se revierta la situación. 

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El Valle y la Compañía de Riego

Desde esta columna en sucesivas oportunidades he sostenido que las políticas que se instrumentan desde el Estado provincial no protegen a la producción y, de tal forma, dejan en letra muerta el artículo 83 de nuestra Constitución Provincial.

De más está decir que este desinterés por todo lo que implica creación y generación de riqueza repercute, con sus consecuencias, sobre la población que, obligadamente, tiene que tener como guía y norte de su vida activa y laboral la administración pública. Así nos va. 
Esta falta de visión sobre el régimen económico provincial genera una mirada facilista y conservadora, habida cuenta que sólo se tiene como base un régimen de regalías y coparticipación, sobre los que se toman deudas, sin advertir la diversidad que puede darse y se da en otros rubros de la actividad privada, siendo generadora de empleo y acumulación de capital que posibilita la pertinente inversión. Me estoy refiriendo específicamente al Valle Inferior del Río Chubut al que, desde el Estado, no sólo no se lo cuida sino que ha quedado en el olvido. 
Es altamente preocupante las decisiones que se adoptan todos los años, pero más precisamente en estos últimos, respecto a la actividad que debe desarrollar la Compañía de Riego, que es quien históricamente tiene de hecho la administración de los canales por donde circula el agua, vital en determinadas épocas para el sector productivo. Entiendo que esa falta de atención ocurre por la falta de conocimiento o por el desinterés en estamentos oficiales de lo que implica, en valor económico, este Valle. Pequeño, pero de una gran potencialidad si se lo cuida y fomenta en su actividad y donde pequeños productores o potenciales exportadores no sólo pueden perder el capital formado sino desalentar sus inversiones. Para ello es fundamental cumplimentar con los períodos de riego tanto en calidad como en cantidad y, para esa tarea, hoy es de importancia la llamada Compañía de Riego, institución que, por lo que se puede escuchar a funcionarios, nadie quiere asumir su presupuesto, lo que implica la necesidad de establecer de una vez por todas adecuadamente su régimen y administración. 
Dado este panorama, resulta esencial efectuarse la siguiente pregunta: ¿Qué es hoy la Compañía de Riego? Con ese propósito debemos remontarnos a la historia para entender su presente. La Compañía de Riego surge a consecuencia de la transferencia de los sistemas de riego por parte de la Nación a la Provincia. En el año 1993 se concreta la firma del convenio entre el Estado nacional y la Provincia sobre Reorganización y Privatización del Sector Eléctrico Patagónico. Allí se establecía la creación de Hidroeléctrica Ameghino SA, previendo la Nación la venta en concurso público internacional del 59% del paquete accionario de la misma. Con el dinero de la venta de este 59% la Provincia debía realizar a su cargo las obras para la sistematización del cauce del río Chubut y protección contra inundaciones. También la Nación le transfería a la Provincia el 39% del paquete accionario y como contraparte la Provincia se haría cargo, en el momento de percibir los ingresos de la venta de Hidroeléctrica Ameghino S.A., de los servicios de riego explotados por la empresa pública Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, y de realizar las obras de mejoras y readecuación integral de los canales de riego del Virch.  El 24 de junio de 1993 mediante la ley 3.849 se crea el Fondo de Optimización del Sistema de Riego y Sistematización Integral del Curso Inferior del Río Chubut, integrado precisamente con aquella venta referida anteriormente y sus correspondientes intereses, con más los dividendos que pudieran corresponder en el futuro como consecuencia de la participación accionaria en Hidroeléctrica Ameghino SA. Frente a todo ello el Poder Ejecutivo mediante decreto Nº 764/94 designa a Corfo como autoridad de aplicación y lo faculta a dictar normas a los fines de su cumplimiento. Entre las más importantes se encuentra la resolución Nº 128/94 mediante la cual se crea la Compañía de Riego como autoridad local de cauce de riego, para ejercer la administración, operación, conservación y mejoramiento del sistema de riego y drenaje.  Luego de varias idas y vueltas y manejos políticos, y luego de un movimiento de productores, lo que se denominó el «tractorazo», se decide intervenir por parte del Gobierno a la Compañía, dictando un acto administrativo (ley 920). En 1999 se crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de la Producción, siendo transferido al mismo todo el presupuesto, personal y bienes que poseía la Gerencia de Recursos Hídricos de Corfo. Más allá de los actos administrativos posteriores dictados en el 2006 y 2014, entre otros, se puede afirmar que aquella antigua Compañía de Riego, que nunca fue constituida como persona jurídica, debería integrar el presupuesto del Instituto Provincial del Agua que precisamente debe velar por aquella manda constitucional. Su incumplimiento y los perjuicios que se pueden producir no hacen más que responsabilizar a las más altas autoridades provinciales que incumplen las obligaciones que les corresponden y la falta de políticas para llevar adelante las transformaciones que le han sido impuestas. Es de esperar que se revierta la situación. 

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