Comienza el juicio contra Conarpesa por contaminación en el Golfo Nuevo
El juicio oral por el vertido ilegal de efluentes sin tratar al Golfo Nuevo comenzará mañana lunes. La fiscalía acusa a dos responsables de la empresa Conarpesa de haber ocultado el derrame de residuos del procesamiento de langostinos, confirmado por peritajes y registros internos de la firma.
por REDACCIÓN CHUBUT 09/08/2025 - 22.24.hs
El fiscal jefe de Puerto Madryn, Alex Williams, que llevará adelante la causa, confirmó que este lunes comenzará el juicio oral y público contra la empresa Conarpesa por un episodio de daño ambiental ocurrido en febrero de 2023 en el Parque Industrial Pesquero. El caso se inició tras la viralización de un video que mostraba un arroyo con líquido rosado y olor putrefacto que desembocaba en el Golfo Nuevo. A partir de esa denuncia ciudadana, el Ministerio Público Fiscal inició una investigación de oficio.
Según explicó el fiscal, tras recibir el video, personal de la fiscalía se dirigió de inmediato a la playa, donde constataron la presencia de un rebalse de efluentes que generaba una mancha en el mar. Se tomaron muestras con participación de personal del Conicet, la Dirección de Ambiente Municipal y la Policía Científica. Los análisis confirmaron que se trataba de residuos crudos del proceso de lavado de langostinos, con valores de materia orgánica miles de veces superiores a los permitidos.
La investigación llevó a descubrir un caño cementado enterrado que derivaba directamente desde la planta de Conarpesa hasta la costa. “Se pudo seguir el recorrido de ese caño desde la playa hasta la base perimetral de la empresa, donde seguía saliendo líquido. Esto implica necesariamente una contaminación”, sostuvo Williams.
La imputación recae sobre la gerenta ambiental de la empresa, Nadine Parry, y el jefe de planta, Joseph Borga, quienes están acusados de ser responsables materiales del vertido ilegal.
El fiscal señaló que se secuestraron teléfonos celulares en un allanamiento y que las conversaciones extraídas evidencian que ambos eran conscientes de la situación: “Incluso hablan de un ‘bypass’, que es lo que nosotros sostenemos que ocurrió: un caño que derivaba los efluentes fuera del sistema de tratamiento”, afirmó Williams.
El proceso se encuadra en la ley 24.051 de residuos peligrosos, y las penas previstas por delitos contra la salud pública pueden alcanzar hasta seis años de prisión. El objetivo de la fiscalía será demostrar la responsabilidad penal de los imputados y la veracidad de los hechos denunciados. “El hecho está probado, ahora hay que convencer al tribunal”, concluyó el fiscal.
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