Denuncian a exconsejeros de Servicoop por presuntas maniobras fraudulentas entre 2019 y 2025

Un grupo de asociados de Servicoop presentó una denuncia penal contra los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa de Puerto Madryn, que ejercieron entre 2019 y 2025, por presuntas maniobras de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, falsedad ideológica, negociaciones incompatibles, encubrimiento y asociación ilícita. Los denunciantes solicitaron medidas cautelares urgentes, entre ellas la inhibición de bienes y la prohibición de innovar, para garantizar el avance de la investigación.
La presentación, realizada por seis usuarios y socios de Servicoop con patrocinio letrado, sostiene que durante al menos seis años la entidad recaudó de manera regular a los abonados los montos correspondientes al costo mayorista de la energía eléctrica, pero no los transfirió en tiempo y forma a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Según los denunciantes, esos fondos habrían sido desviados hacia otros destinos, lo que generó una deuda millonaria y un perjuicio tanto para la empresa estatal como para los usuarios.
Entre los hechos expuestos, se señala la presunta autocontratación del expresidente del Consejo, Harry Woodley, quien habría facturado a la cooperativa mediante su propia empresa de camiones cisterna, sin licitación ni abstención. También se denuncia la existencia de balances y actas adulteradas o incompletas, que habrían ocultado el verdadero pasivo con CAMMESA. Para los querellantes, esas maniobras reflejan un esquema sistemático de encubrimiento y coordinación interna, que podría encuadrar en una asociación ilícita.
La denuncia incorpora además la doctrina penal de la “satisfacción anticipada” o “fraudulencia por frustración anticipada”, según la cual se configura un delito cuando se cobra por un servicio con la intención previa de incumplir con el destino de esos fondos. En este caso, los denunciantes sostienen que la cooperativa facturaba a los vecinos el componente mayorista sabiendo que no lo transferiría a CAMMESA.
Para reforzar la acusación, se citan antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales, entre ellos un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Chubut de 2007 que condenó a un presidente de Servicoop por administración fraudulenta, y resoluciones judiciales recientes que obligaron a cooperativas de todo el país a cancelar sus deudas con CAMMESA, rechazando planteos de crisis económica o fuerza mayor.
Los denunciantes solicitaron que el Ministerio Público Fiscal requiera documentación a CAMMESA, balances, actas y registros internos de Servicoop, así como informes al Ente Regulador de la Energía y pericias contables y documentales. También pidieron testimoniales de exconsejeros, síndicos y empleados. Entre las medidas cautelares reclamaron la inhibición general de bienes de los consejeros, la prohibición de innovar sobre los registros de la cooperativa y el secuestro de documentación.