La Justicia prorrogó por 45 días los mandatos del Somu

En una resolución unánime, los jueces de la Sala III de la Cámara del Trabajo, Diana Cañal y Alejandro Perugini, establecieron un nuevo plazo de 45 días para que el Secretariado Nacional, el Consejo Directivo y la Comisión Revisora de Cuentas del SOMU continúen en sus funciones. El fallo responde a la necesidad de evitar la «acefalía» que podría derivar en una intervención del Estado, situación que el tribunal busca prevenir para resguardar la libertad sindical de los trabajadores marítimos.

El origen del conflicto
La crisis que atraviesa el SOMU no es reciente. El problema de fondo radica en las elecciones generales que debían realizarse entre el 1 y el 5 de diciembre de 2025. En aquel momento, la Justicia ordenó suspender el proceso electoral debido a graves denuncias de irregularidades presentadas por listas opositoras. Sin embargo, en muchos puntos del país la elección continuó su proceso y algunos se dieron por ganadores. Entre los cuestionamientos se mencionaban la exclusión arbitraria de candidatos, la falta de transparencia en los padrones y maniobras para favorecer a la lista oficialista.
A pesar de la orden judicial de suspensión, en algunas delegaciones como Puerto Madryn se llevó adelante la votación, lo que generó un escenario de «desacato» y profundizó la incertidumbre jurídica. Como la Justicia aún no ha dictaminado si aquellas elecciones fueron válidas o deben anularse definitivamente, los mandatos originales de las autoridades vencieron sin que hubiera sucesores legalmente reconocidos, obligando a los jueces a dictar sucesivas prórrogas.

Fundamentos de la medida y el impacto en la actividad
Para los magistrados, otorgar estos 45 días adicionales es una medida excepcional para que el sindicato no quede paralizado. Esta prórroga tiene un impacto directo en la economía del sector: con esta firma, la conducción encabezada por Raúl Durdos recupera la facultad legal de sentarse a negociar con las cámaras empresarias.
El punto más crítico actualmente es el inicio de la temporada de pesca de langostino en los buques «tangoneros». Sin una conducción sindical con mandato vigente, no había interlocutor válido para firmar los acuerdos de producción. «Sin acuerdo los barcos no salen», advirtieron desde el sector empresarial, por lo que la decisión judicial destraba, al menos temporalmente, la operatividad de la flota en aguas nacionales.
A pesar del alivio que la medida representa para la gestión administrativa, el tribunal fue tajante al señalar que este plazo de un mes y medio comienza a correr desde el 25 de marzo y que no podrá haber nuevas extensiones automáticas sin una autorización judicial expresa. Mientras tanto, la Justicia deberá avanzar en la «cuestión de fondo»: determinar si el proceso electoral de 2025 fue legal o si los afiliados deberán volver a las urnas para normalizar definitivamente su institución.