El secretario de Obras Públicas advirtió que el Municipio no tiene capacidad operativa para aplicar la nueva ordenanza de veredas

A pesar de que el proyecto busca garantizar la accesibilidad universal y brindar soluciones conjuntas entre frentistas y el Estado, el funcionario subrayó que la estructura operativa actual se encuentra al límite, lo que dificulta la implementación efectiva de un plan que requiere controles rigurosos de documentación, relevamientos territoriales y coordinación entre múltiples áreas técnicas.

La ciudad de Puerto Madryn atraviesa un debate central sobre la configuración de su espacio público tras la sanción de una nueva normativa que modifica la Ordenanza 5273/04. El proyecto, impulsado originalmente por el bloque Despierta Madryn y enriquecido por el reclamo social en la «Banca del Vecino», tiene como norte mejorar la transitabilidad para personas mayores y ciudadanos con discapacidad. Sin embargo, la mirada técnica del Ejecutivo, representada por el secretario de Obras Públicas, pone un freno a las expectativas legislativas al señalar una brecha insalvable entre el espíritu de la ley y la realidad de las oficinas municipales.

El funcionario explicó que, si bien mantuvo reuniones previas con la comisión de Obras Públicas, existen dudas razonables sobre cómo se integrará este nuevo esquema con las responsabilidades vigentes del frentista en cuanto a veredas, arbolado y cestos de basura. En un contexto económico complejo, el municipio optó por no intimar a los vecinos entendiendo que existen otras prioridades económicas, pero la nueva ordenanza obligaría a una gimnasia administrativa para la cual hoy no hay personal disponible.

Al ser consultado sobre la factibilidad de la norma, Grioni subrayó las limitaciones internas: “Por más que esté la ordenanza no sé si como Ejecutivo estábamos en condiciones de poder implementarlo o reglamentarlo debido a que no tengo la capacidad operativa en recursos humanos como para poder ejecutarlo. La parte más difícil es hacer todo el papeleo que implica tener un grupo de gente destinado exclusivamente a llevar el trámite”.

La complejidad no reside únicamente en la obra física, sino en el andamiaje burocrático que exige la gestión mixta. El programa prevé convenios donde el municipio puede aportar materiales o mano de obra, además de beneficios en tasas para los adherentes, lo que implica una fiscalización constante. Según el secretario, el proceso requiere un despliegue territorial y administrativo que hoy se encuentra saturado por otras tareas diarias del área de obras públicas.

Sobre este punto, Grioni detalló en diálogo con Canal 12 la carga laboral que implicaría cada expediente de veredas: “Llevar el trámite es ir a la casa de los vecinos, controlar la documentación previa al ingreso a la municipalidad, hacer los controles en la municipalidad, hacer el control de la documentación de que presenta de que son propietarios; si no son propietarios pasarlo a distintas direcciones, catastros, legales, son un montón de papeles. Ese grupo de gente y esa cantidad de gente para destinarla exclusivamente para hacerlo de las veredas no lo tengo, entonces veo muy difícil que operativamente podamos cumplir”.

Mientras tanto, la ordenanza ya es un hecho legislativo que incluso contempla la creación de un Registro Municipal de Veredas Accesibles y un Manual de Diseño, la ejecución queda en un limbo logístico. La intención de transformar a Puerto Madryn en una ciudad más inclusiva y segura choca, por ahora, con la advertencia de un Ejecutivo que se declara incapaz de absorber la demanda de control y seguimiento que un programa de esta magnitud exige para no quedar solo en el papel.